Las leyes suelen ser casi perfectas en el papel, pero lo central es cuando demuestran ser demasiado imperfectas en la realidad. Una importante estructura de profesionales distribuidos en toda la Provincia de Buenos Aires, con sueldos más que importantes, cumplen (o mejor dicho deberían cumplir según la ley) un rol fundamental en defensa de los recursos de los ciudadanos: el Honorable Tribunal de Cuentas tiene asignada esa función tan esencial.
Pero en la práctica, cuando revisan cada ejecución presupuestaria, terminan aplicando cargos y multas que la mayoría de las veces ni siquiera es equivalente al perjuicio económico que provocaron al Estado los funcionarios multados.
Y cuando la sanción económica es inferior al daño causado, el sistema en realidad no desincentiva la conducta irregular sino que, en la práctica, le pone una tarifa. El funcionario aprende que no cuidar los dineros públicos sólo tiene un costo perfectamente asumible.
La responsabilidad incluso se distribuye habitualmente entre muchos funcionarios, haciendo que la cuota individual de la sanción sea más ridícula frente al daño provocado.
La asimetría no puede ser más grande: un ciudadano que omite un pago al fisco, no emite una boleta, o comete algún error fiscal enfrentará recargos, intereses, multas y sanciones que seguramente superarán y con creces el importe no abonado en tiempo y forma. La asimetría entre la vara de medir pública y la privada es difícil de justificar ante cualquier noción de justicia igualitaria.
Y esto es algo que ocurre año tras año, a cielo abierto, a la vista de todos sin que nadie se proponga hacer los cambios necesarios para terminar de una vez por todas con la situación. Lo que sugiere una inquietante paradoja: ¿será que quienes tienen el poder para cambiar las reglas son, con frecuencia, quienes más se benefician de que todo permanezca como está?
Fuente: Infocampo.
