La Legislatura bonaerense acaba de resolver con la prolijidad de lo que se aprueba sin discutir. La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad, sin mayores debates, un proyecto que permite a los municipios destinar hasta el 100% de los fondos para el mantenimiento de la red vial rural a obras hídricas. La habilitación dura 180 días y alcanza lo recibido del Impuesto Inmobiliario Rural, bajo la Ley 13.010, para drenajes, dragado y limpieza de canales, alcantarillas, defensas y equipamiento.
La urgencia es real, y nadie con un campo bajo el agua va a discutirla. Lo discutible es el método. Un recurso que el propio régimen legal afectó a un fin concreto, los caminos rurales, pasa a ser de libre disponibilidad porque llegó la emergencia. Y las emergencias, en la provincia de Buenos Aires, llegan con puntualidad de almanaque. Cada vez que se inunda, aparece la misma lógica: la ley estorba, hay que flexibilizarla. Así se va aprendiendo que una afectación específica es apenas una sugerencia, que se respeta mientras no haya apuro.
Y es tarde. Carbap estimó que en 2026 dejarían de ingresar 2.000 millones de dólares por las inundaciones en el centro y noroeste bonaerense, y lo atribuyó a la falta de obras hidráulicas, sobre todo en la cuenca del Salado. El daño ya está hecho, y las obras que lo habrían evitado debieron planificarse y ejecutarse hace años, no reasignarse a las apuradas con la plata de otro rubro.
Porque ahí está el problema práctico. Cualquiera que haya visto lo que lleva una obra hídrica sabe que el dragado de un canal, una defensa o el ensanche de una alcantarilla no se resuelven en 180 días. Se resuelven con proyecto, licitación y continuidad. Lo más probable es que el agua llegue antes que las máquinas, y que lo único que quede sea un camino rural sin mantenimiento y una obra a medio hacer. Se desviste un santo, y no se viste el otro.
Hay además un costo institucional que nadie pone en la balanza. Si el Estado puede mover fondos afectados cada vez que falla su propia planificación, ¿para qué sirven las afectaciones? ¿Qué impide que la próxima emergencia, sea sanitaria, educativa o de seguridad, justifique el mismo atajo? Una norma que se suspende cuando conviene deja de ordenar la gestión pública y se convierte en un trámite.
Lo correcto habría sido planificar con anticipación y dar a los municipios recursos propios para obras hídricas, sin quitárselos a los caminos. Se prefirió el camino corto. Los vecinos inundados no necesitaban reasignaciones cuando ya no hay obra hidráulica por hacer a tiempo. Necesitaban que las obras se hicieran antes de la emergencia.
Fuente: CampoInfo
