Varias generaciones de productores han sido testigos de un proceso que a esta altura se ha vuelto estructural, más allá del color político gobernante: pueblos del interior productivo que se quedan sin habitantes, ciudades medianas en las zonas económicas más importantes de la Argentina que ven reducida su población año tras año, censo tras censo.
Para analizar el problema tal vez convenga enfocarlo al revés: ¿por qué quienes emigran deberían quedarse? ¿Qué políticas públicas han sido instrumentadas para que eso ocurra?
Hoy, como ejemplo, los caminos rurales del interior son intransitables para productores, docentes rurales y en cualquier situación de emergencia que pueda surgir. ¿Quién viviría en un pueblo rural o en el campo con este panorama?. Sin embargo los municipios han normalizado como política pública el cobrar tasas viales como si fueran a pavimentarlos, pero terminan destinando porcentajes mínimos a su mantenimiento y reparación. ¿Ilegal? Sí, así lo ha señalado la Justicia, aunque los intendentes sigan haciéndose los distraídos.
Un municipio que trata al sector productivo como «caja» termina achicando su propia base tributaria: exprime hoy lo que destruye mañana. Es una lógica fiscal miope. Pierde legitimidad cuando cobra caro y devuelve poco. La percepción de «impuesto sin servicio» va mermando el cumplimiento voluntario hasta quebrarlo.
Resulta llamativo que, lejos de ver al sector como socio, muchos intendentes de distritos cuya actividad principal es la productiva terminen gobernando en su contra.
¿Qué pasaría si algún día lo entendieran y crearan las condiciones para que lleguen inversiones al interior, en lugar de concentrarlas en los conurbanos? Podrían comenzar a revertir ese proceso de emigración y conurbanización que avanzan de la mano.
La gente del interior no se va sola: la empujan. Y quienes empujan son, muchas veces, los mismos que después lamentan el éxodo. Mientras los municipios sigan tratando a sus productores sólo como contribuyentes a exprimir en lugar de como actores a retener, el vaciamiento no será una fatalidad geográfica ni económica: será una consecuencia directa de la mala política. La solución no requiere grandes planes ni reformas constitucionales: por un lado a veces alcanza con que un intendente entienda que su distrito crece si el sector crece, y que para eso hay que mejorar entre otras cosas por ejemplo más caminos, y que sean menos las excusas. Y por otro que los contribuyentes asuman el rol que les corresponde para exigir a nuestros empleados -es decir quienes nos gobiernan- las condiciones por las que pagamos todos los meses. ¿Llegará el día?.
Fuente: Campoinfo
