Cada vez que un gobierno crea un impuesto o una tasa «con destino específico», está haciendo una promesa: este peso que le sacamos al contribuyente no se mezcla con el resto, tiene un fin y a ese fin va. Es una promesa que en la Argentina, en los tres niveles del Estado, se rompe con una regularidad tan constante que ya casi no sorprende a nadie. Lo llamativo es que sigamos llamando «afectación específica» a algo que, en la práctica, funciona como una caja común disponible para lo que el gobierno de turno necesite.
El caso más visible hoy es el del impuesto a los combustibles líquidos. La ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado debe transferirse en forma automática a un fideicomiso vial creado por decreto en 2001, con un objetivo puntual: financiar el mantenimiento y la construcción de la red de rutas nacionales. Ese fideicomiso, además, no nació por capricho: se armó a pedido del Banco Mundial, precisamente para evitar que la plata del combustible terminara pagando gastos corrientes. Pues bien, según reveló una investigación periodística de La Nación, mientras las rutas argentinas se deterioran a ojos vista, más de un billón de pesos recaudados por ese impuesto quedaron inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos en vez de ejecutarse en obra vial. El propio vocero presidencial terminó admitiendo que el sobrante se usa para sostener el equilibrio fiscal. Un gremio de Vialidad Nacional ya presentó una denuncia penal por malversación de caudales públicos, y una diputada hizo lo mismo por vía judicial. El diagnóstico técnico coincide: con lo recaudado solo por ese tributo, en los últimos tres años se podría haber cubierto el mantenimiento de una cuarta parte de toda la red vial federal.
El mismo mecanismo, con otro nombre, se repite escalón abajo. En la provincia de Buenos Aires, el Fondo Educativo distribuye entre los municipios una porción de lo que la Nación gira por la ley de financiamiento educativo, con la obligación de destinar buena parte de esos recursos a infraestructura escolar. Es un fondo que hoy está bajo amenaza directa: el Presupuesto nacional 2026 habilitó recortar el piso legal que garantizaba esos mínimos, dejando la educación como una variable de ajuste más. Y en los municipios, la escena se multiplica con tasas de todo tipo —viales, de control sanitario, de servicios urbanos— que se cobran invocando un fin puntual y terminan, sin demasiada explicación pública, absorbidas por rentas generales. No hace falta ni siquiera un desvío encubierto: hay normativa provincial que directamente establece que los saldos no ejecutados de ciertos fondos con destino específico «ingresarán a rentas generales» al cierre del ejercicio. La ley misma le pone la alfombra a la práctica que en otros casos se denuncia como malversación.
Ahí está el punto incómodo. No se trata solo de gobiernos que incumplen la ley, sino de un sistema que dejó una puerta trasera tan ancha que la infracción y la norma conviven. Mientras tanto, el contribuyente sigue pagando como si el destino fuera real: lo cree cuando carga combustible, lo cree cuando ve descontada una tasa municipal en la boleta. Esa creencia sostiene la legitimidad del tributo. Cuando el Estado la traiciona sistemáticamente, no solo pierde una discusión contable: erosiona la razón misma por la que alguien acepta pagar un impuesto con nombre y apellido en lugar de resistirlo.
La salida no puede ser seguir mirando para otro lado. O se reforma la legislación para que la afectación específica sea jurídicamente indisponible de verdad —transferencia automática, sin ventanas de absorción a fin de año, con auditoría independiente y rendición pública en tiempo real— o se termina con la ficción y se admite que esos recursos son, lisa y llanamente, rentas generales, discutiendo la prioridad en el Presupuesto como corresponde. Lo que no debería tener lugar es la zona gris actual, donde un gobierno anuncia un fondo con bombos y platillos para justificar un tributo y después lo administra como caja libre, sin que exista una sanción real para quien lo hace. Mientras eso no cambie, «fondo afectado» seguirá siendo, en los hechos, una forma elegante de decir que la plata va adonde el gobierno de turno decida.
Fuente: CampoInfo
