Mientras muchos intendentes se desgarran las vestiduras exigiendo que la Nación y la Provincia repartan «mejor» la coparticipación, en sus propios distritos ocurre exactamente lo mismo que denuncian: los pueblos chicos se quedan sin inversión, sin servicios, sin futuro.
La falta de políticas públicas serias para el arraigo rural también es consecuencia directa de una lógica electoral que todo lo mide en votos. ¿Para qué pavimentar un acceso que hoy usan un puñado de familias, si con la misma plata se reforma una plaza en la cabecera del partido, donde vive el 80% del padrón? ¿Para qué sostener una escuela, un centro de salud o un club en la localidad que se despuebla, si políticamente «no rinde»?
Así, mientras se reclama arriba una distribución más justa, abajo se reproduce la misma injusticia a escala municipal. La coparticipación que no llega equitativamente desde Nación o Provincia, tampoco se reparte con equidad dentro del propio distrito.
El resultado lo vemos hace décadas: pueblos que envejecen, jóvenes que se van y no vuelven, escuelas que cierran por falta de alumnos, comercios que bajan la persiana. No es el mercado el que vacía la ruralidad argentina: es sobre todo la desidia política, el cálculo electoral que prioriza el corto plazo sobre un44 desarrollo territorial equilibrado.
Si de verdad se quiere combatir la migración rural, hace falta coherencia: exigir arriba lo que se está dispuesto a garantizar abajo. Porque un país no se construye solo desde las ciudades cabecera. Se construye —o se destruye— también en cada pueblo que se apaga de a poco.
Campoinfo
