Hay una desconexión que se repite en gran parte de nuestras regiones productivas: mientras los sectores agroindustriales, mineros, tecnológicos y de servicios avanzan incorporando innovación y nuevas tecnologías, los planes de estudio que forman a los futuros trabajadores siguen diseñándose puertas adentro del sistema educativo, muchas veces sin diálogo real con quienes generan el empleo. El resultado es previsible: egresados que no encuentran trabajo y empresas que no encuentran perfiles capacitados, aun en el mismo territorio.
Incorporar a los sectores productivos en la definición curricular no es privatizar la educación ni subordinarla a intereses empresariales. Es reconocer que quienes contratan, invierten y compiten en mercados cada vez más exigentes tienen información valiosa sobre qué habilidades, herramientas y conocimientos se necesitan hoy y se necesitarán mañana. Dejar esa voz fuera de la mesa es desperdiciar el diagnóstico más actualizado disponible.
El beneficio no es solo para las empresas. Cuando la formación está alineada con la demanda real del mercado laboral, los jóvenes consiguen trabajo más rápido, con mejores condiciones y sin tener que migrar a los grandes centros urbanos en busca de oportunidades que su propia región ya podría ofrecerles. Ese es, quizás, el efecto más profundo: frenar el éxodo de talento joven desde las zonas productivas hacia los conurbanos, un fenómeno que empobrece al interior y sobrecarga a las periferias urbanas.
Se trata de poner en marcha una rueda virtuosa: educación pertinente, trabajadores mejor preparados, producciones regionales más competitivas y arraigo territorial. Ninguno de esos eslabones funciona de forma aislada. Para que la rueda gire, el sector productivo necesita algo más que ser consultado ocasionalmente: necesita asiento y voto en las instancias donde se diseñan los programas de estudio, se actualizan los contenidos y se definen las prácticas profesionalizantes.
La discusión ya no debería ser si el mundo del trabajo debe intervenir en la educación, sino cómo institucionalizar esa participación de forma seria, representativa y sostenida en el tiempo. Postergarlo tiene un costo que ya estamos pagando: menos empleo de calidad, menos desarrollo regional y territorios que se vacían de sus jóvenes.
Fuente: CampoInfo
