Por estos días, el discurso del intendente en la apertura de las Sesiones Ordinarias se volvió a instalar un tono que no es nuevo: confrontativo, generalizador y cargado de insinuaciones. En particular, sus referencias a “narcos”, “policías cómplices” y supuestas reuniones dejan más preguntas que certezas.
Hay un primer punto que no debería soslayarse: el propio intendente fue parte del mismo Gobierno Municipal que hoy cuestiona. No solo fue funcionario, sino que gran parte de su actual equipo también tiene raíces en esa etapa. Ese recorrido no es un dato menor, porque obliga —al menos— a ejercer una memoria política coherente.
Cuando se habla de delitos graves como el narcotráfico o de connivencia policial, la responsabilidad institucional exige precisión. No alcanza con generalizar ni con deslizar sospechas en plural. Porque en ese mismo universo al que se alude de manera amplia, también hay hombres y mujeres que han dedicado su vida a combatir el delito con compromiso real. Invisibilizarlos o ponerlos a todos en la misma bolsa no solo es injusto: también debilita la credibilidad del mensaje.
Si existen hechos concretos, nombres, responsabilidades, lo que corresponde es que se expongan en los ámbitos que la ley establece. De lo contrario, la duda se instala inevitablemente: si se sabía, ¿por qué no se denunció en su momento? Y si no se sabía con certeza, ¿por qué afirmarlo de manera tan categórica?
La sociedad no necesita insinuaciones. Necesita claridad. Necesita verdad.
Pero además del plano institucional, hay otro que interpela desde lo personal. Quien escribe estas líneas fue parte de esa estructura que hoy se menciona de forma genérica. En su momento, destinado en Guaminí, fui convocado —como tantos otros efectivos, sin distinción de jerarquías— para enfrentar dos problemáticas concretas: la pesca furtiva en la laguna La Salada y la faena clandestina.
En ese contexto, se me asignó la responsabilidad de la Jefatura de la Patrulla Rural. Desde allí, y junto a un equipo comprometido, se logró encauzar la situación. Ese trabajo no pasó desapercibido: hubo un reconocimiento público del Club de Pesca “Las Mellizas” por la protección de la laguna y el cuidado de la pesca deportiva. Más tarde, un procedimiento de gran escala contra el narcotráfico derivó en una distinción mayor: la Medalla de Oro otorgada por el Senado de la Nación.
Sin embargo, ese mismo recorrido tuvo un desenlace abrupto. La salida de Pehuajó no fue voluntaria. Fue una decisión política. Hubo una reunión, un sábado a las 18:00 horas en la Municipalidad, donde el intendente recibió a quien hoy recuerda ese episodio. Y allí, según este testimonio, negó en la cara lo que hoy parece insinuar desde un atril.
Por eso, más allá de las diferencias políticas, hay algo que debería ser innegociable: la responsabilidad en el uso de la palabra. Cuando se habla de narcotráfico y de fuerzas de seguridad, no alcanza con insinuar. La responsabilidad de un intendente es hablar con pruebas, con claridad y, si corresponde, con nombres y apellidos. Todo lo demás es ruido.
