Hay dos formas de entender la relación entre el Estado y quienes producen. Una lo concibe como socio: alguien que allana el camino, invierte en las condiciones que permiten crecer y entiende que su propio bienestar fiscal depende de que el sector productivo prospere. La otra lo reduce a un cobrador: alguien que mira la actividad económica únicamente como una fuente de ingresos a extraer, sin preguntarse qué hace falta para que esa fuente no se seque.
La diferencia es estructural. El Estado socio entiende que un camino rural en condiciones no es un gasto, es una inversión que reduce costos logísticos, mejora la competitividad y termina generando más actividad —y por lo tanto más recaudación— de la que costó construirlo. El Estado recaudador, en cambio, ve ese mismo camino como una partida presupuestaria a evitar, sin registrar el costo oculto de hectáreas de producción que se pierden, se malogran o nunca llegan a destino por falta de infraestructura.
Lo mismo ocurre con la carga tributaria. Una presión impositiva razonable, previsible y proporcional a la capacidad real de generar valor, incentiva la reinversión, la formalización y la expansión. Una carga excesiva o errática, en cambio, empuja a la informalidad, desalienta la inversión y termina recaudando menos sobre una base económica más chica. Es la vieja paradoja fiscal: a veces cobrar menos, mejor y de manera más simple, termina recaudando más.
La burocracia opera con la misma lógica perversa. Cada trámite innecesario, cada autorización redundante, cada semana perdida esperando un papel, es tiempo y capital que no se destinan a producir. El Estado recaudador no ve ese costo porque no aparece en ninguna planilla; el Estado socio sí lo ve, porque entiende que la eficiencia administrativa es, en sí misma, una política productiva.
Aquí está el punto ciego de buena parte de la clase política: no logran visualizar el círculo virtuoso porque exige pensar más allá del ejercicio fiscal en curso. Liberar las fuerzas productivas —con caminos, tasas razonables, infraestructura e institucionalidad simplificada— no da resultados en el titular de mañana. Da resultados en dos, cinco, diez años, cuando la actividad se multiplicó, el empleo creció y la base imponible es mucho más ancha que la que se hubiera obtenido exprimiendo al sector desde el primer día.
El cortoplacismo tiene una lógica electoral comprensible aunque perversa y mezquina: administrar la escasez actual es más fácil de mostrar que sembrar una abundancia futura que tal vez otro gobierno terminará cosechando. Y esa lógica, sostenida en el tiempo, condena a las economías a administrar la pobreza en lugar de construir riqueza.
Ser socio del sector productivo no significa ausencia del Estado ni renunciar a recaudar. Significa entender que la recaudación sostenible no se decreta, se cultiva. Y que los países que lograron ese salto de calidad fueron, casi sin excepción, los que primero entendieron que ayudar a crecer la torta rinde más —y por más tiempo— que pelear por cómo repartir una torta que no deja de achicarse.
Fuente: CampoInfo
