Cargamos combustible y pagamos uno de los impuestos más altos del sistema tributario argentino: el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Además pagamos peajes. Pagamos patentes. Pagamos VTV.
La pregunta es simple: ¿qué estamos financiando?
Si el Estado te exige que tu auto esté en condiciones técnicas óptimas —luces, frenos, suspensión, cubiertas— también debería garantizar que las rutas estén en condiciones mínimas de seguridad. Lo contrario es una asimetría injustificable.
No se trata de eliminar impuestos por consigna. Se trata de coherencia fiscal.
El impuesto a los combustibles tiene asignaciones específicas. Parte debería destinarse a infraestructura vial, vital por ejemplo para sacar la producción que hace ingresar divisas al país. Sin embargo, los usuarios siguen circulando por rutas con baches crónicos, banquinas inexistentes y señalización deficiente.
Encima de esa capa fiscal además se agregan impuestos provinciales y tasas municipales supuestamente destinados a la red vial, incluso en muchos distritos con una doble imposición en los combustibles. Recaudan en total como para tener autopistas de última generación y no caminos peligrosos, intransitables y sin mantenimiento.
Pero cuando el vehículo se rompe, el costo no lo absorbe el Estado. Lo absorbe el contribuyente. Dos veces: primero con impuestos, después con el mecánico.
La VTV apunta a reducir siniestros por fallas mecánicas. Y sería correcto. Pero ¿cuántos accidentes se producen por el estado de caminos y rutas? ¿Cuántos por falta de mantenimiento estructural?
Exigir estándares técnicos al ciudadano mientras se tolera infraestructura deteriorada es, como mínimo, incoherente.
Si el Estado quiere legitimidad para cobrar, necesita demostrar eficiencia en el uso de lo recaudado.
Si no puede garantizar rutas seguras, debería transparentar en qué se usa cada peso del impuesto vial.
Y si los fondos no se aplican al destino prometido, el problema no es el automovilista: es la gestión.
El debate no es “menos Estado” o “más Estado”.
Es un Estado que si cobra, cumpla.
Porque pagar por rutas y transitar por trampas no es política pública: es fracaso administrativo.
Fuente: CampoInfo
