También es consecuencia directa de la presión ciudadana, de la organización de productores y contribuyentes, y de la acción judicial impulsada por abogados que cuestionaron una tasa sin contraprestación concreta.
La resistencia social y jurídica expuso uno de los principales problemas del esquema: cobrar bajo el argumento de “infraestructura vial y mejora ambiental” sin una prestación claramente verificable y proporcional para quienes financiaban el sistema.
En ese contexto, la judicialización tuvo un rol central:
puso en discusión la legalidad del tributo,
cuestionó el alcance de las facultades municipales,
y generó un costo político creciente para la continuidad de la tasa.
También debe señalarse que en una república el intendente administra, no es dueño del municipio. Pablo Javier Zurro ejerce una función pública delegada por los vecinos y sus decisiones pueden ser discutidas, controladas y eventualmente revertidas por la ciudadanía y por la Justicia.
La derogación termina siendo entonces una demostración de que:
la participación ciudadana,
la acción colectiva,
y el control judicial
siguen siendo herramientas válidas frente a medidas consideradas abusivas o alejadas del principio de razonabilidad tributaria.
