Mientras muchos sectores todavía debaten si conviene «modernizarse», el agro argentino ya lo hizo y lo sigue haciendo. Hoy, en cualquier campo de la pampa húmeda o del norte productivo, es normal ver sembradoras guiadas por GPS con precisión miliimétrica, drones que monitorean el estado de los cultivos, sensores de humedad que optimizan cada gota de riego, y software de agricultura de precisión que decide, lote por lote, cuánta semilla y cuánto fertilizante poner. Silobolsas con sensores de temperatura, monitores de rendimiento en cada cosechadora, imágenes satelitales para anticipar enfermedades: nada de esto es ciencia ficción, es la rutina de un productor argentino promedio.
Y tampoco es casualidad. Es el resultado de productores, contratistas, ingenieros agrónomos y empresas de maquinaria invirtiendo, arriesgando y aprendiendo, casi siempre sin ningún incentivo estatal, y bastantes veces directamente a pesar del Estado.
Porque ahí está el contraste que frena: un sector que compite en tecnología con Estados Unidos, Brasil o Australia, sosteniendo una infraestructura pública que en muchos lugares sigue en el siglo pasado. Caminos rurales que se cortan con la primera lluvia, falta de electrificación rural, trenes de cargas del siglo pasado, y organismos que después de tanta tecnología en el campo, siguen viendo al productor sobre todo como una fuente de recaudación: retenciones, tasas municipales, impuestos provinciales que se acumulan sin que se traduzcan en caminos, en energía o en logística.
El campo innovó, planificó, adoptó la tecnología más avanzada disponible en el mundo, y lo hizo bancándose sequías, inundaciones, cambios de reglas de un día para el otro y una carga tributaria que en otros países sería motivo de protesta permanente.
Y sin embargo, el agro exporta, compite cara a cara con Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea o Australia, y lo hace sin pedir que le cierren la cancha. Mientras tanto, hay sectores que llevan décadas reclamando protección, aranceles y mercado cautivo porque «no están preparados para competir con el mundo». El campo es la prueba de que la apertura y la competencia no son el problema: son, muchas veces, el motor que obliga a innovar. Ningún subsidio le enseñó al productor a usar GPS, drones o agricultura de precisión; se lo enseñó la necesidad de ser competitivo para poder vender afuera.
Tal vez ahí hay una lección para otros sectores de la economía argentina: no esperar a que el Estado allane el camino, ni pedirle que cierre la puerta al mundo, sino innovar primero y después pelear por mejores condiciones. El agro lo demostró compitiendo puertas afuera, contra el clima, contra la falta de rutas, contra una carga impositiva asfixiante y contra la lógica de un Estado que lo mira como caja recaudadora antes que como motor de desarrollo.
Y si consiguió todo esto remando en contra, solo resta imaginar el potencial que tendría si, por una vez, el Estado decidiera acompañar en lugar de solamente cobrar: y aportara caminos transitables, energía y logística a la altura, previsibilidad en las reglas y una carga tributaria razonable. Lo que el campo logró a pulso podría ser apenas el piso de lo que es capaz, si se lo empieza a tomar en serio.
Fuente: CampoInfo
