Todos los años, cuando se discute el presupuesto provincial, vuelve la misma pelea. Los intendentes del interior bonaerense se quejan de que el campo y las economías regionales sostienen con sus impuestos a un conurbano que concentra casi dos tercios de la población provincial en apenas una fracción mínima del territorio. La producción está en un lado del mapa, el gasto en el otro.
Y hay algo de razón en eso. La coparticipación municipal dentro de la provincia se reparte con criterios poblacionales y de necesidades básicas insatisfechas, lo que en la práctica termina favoreciendo a los distritos más densos y postergando a los que generan buena parte del PBI agropecuario. Un municipio como La Matanza recibe, proporcionalmente, mucho más que uno del interior con la mitad de habitantes pero varias veces más actividad exportadora por cabeza.
El problema es que ahí no termina la historia. El conurbano no es solo un sumidero de recursos: ahí vive buena parte de la clase trabajadora industrial de la provincia, ahí se genera comercio, logística y servicios que también tributan Ingresos Brutos. Su pobreza no cayó del cielo. Es la herencia de la migración interna que nunca fueron acompañadas por planificación urbana, y de un Estado —provincial y nacional— que miró para otro lado durante demasiado tiempo. Culpar al conurbano por existir es cómodo, pero no explica cómo llegó a ser lo que es.
Hay además una discusión que suele quedar tapada por la anterior: La provincia recibe, por habitante, bastante menos coparticipación federal que la mayoría de las demás jurisdicciones, un desequilibrio que arrastra desde el pacto fiscal de los noventa y que ningún gobierno se animó a corregir. Visto así, el verdadero cuello de botella no está entre el interior y el conurbano, sino un escalón más arriba.
Nada de esto se resuelve fácil. Cualquier reforma seria —de la coparticipación provincial, de la federal, de la planificación territorial— exige tocar intereses políticos que hoy nadie quiere tocar: el conurbano pesa demasiado en las urnas como para que un gobernador se anime a desatenderlo, y el interior está demasiado disperso como para imponer su reclamo por la fuerza de los votos. Así que la pelea vuelve, año tras año, sin que cambie demasiado.
Pero postergar la discusión tiene un costo que la provincia ya no puede seguir pagando. Mientras el debate se reduzca a repartirse una torta que no crece, el interior seguirá viendo cómo su excedente se diluye en un conurbano que no logra salir de la pobreza estructural, y el conurbano seguirá atado a una lógica de asistencia permanente que nunca ataca la raíz del problema. No hay salida sin una reforma de fondo del régimen de coparticipación —provincial y federal— y sin una política deliberada de desarrollo productivo que descomprima la densidad del Gran Buenos Aires. Recordemos que administrar la crisis, no la resuelve aunque suela ser el deporte que practican por excelencia los políticos argentinos.
Fuente: CampoInfo
