Alejandra: Las familias de personas con discapacidad volvemos a quedar en medio de decisiones económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus tratamientos. En la Provincia de Buenos Aires, IOMA acaba de modificar unilateralmente actas de prestaciones protegidas por amparos judiciales, reduciendo en más de un 70 % los honorarios de acompañantes terapéuticos y pretendiendo aplicar esa reducción retroactivamente desde mayo, incluso sobre prestaciones que ya fueron realizadas y facturadas.
Lo más grave es que IOMA fundamenta esta modificación en la Resolución 2047/2026, dictada el 9 de septiembre, cuando la propia resolución establece expresamente que sus medidas tienen efecto a partir del 1.º de septiembre de 2026, no desde mayo. RS-2026-32161723-GDEBA-IOMA A esto se suman meses de demora en los pagos: una prestación autorizada pero que no se paga, o cuyos honorarios se reducen retroactivamente, termina poniendo en riesgo al profesional y, sobre todo, a la persona que necesita su asistencia todos los días.
Y el problema no es solamente provincial. También reclamamos al Estado nacional garantías y previsibilidad para el sistema de prestaciones por discapacidad. Provincia y Nación pueden discutir presupuestos y mecanismos de financiamiento, pero esas discusiones no pueden terminar dejando desprotegidas a las familias. Los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos. No pueden ser la variable de ajuste.
