La exclusión de la señora Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, de los actos centrales conmemorativos del
CCXVI aniversario de la Revolución de Mayo, excede largamente las simpatías, antipatías o coincidencias políticas
circunstanciales. Y precisamente, por eso: merece ser señalada.
La Unión Cívica Radical no comparte la visión ideológica, política ni histórica de la actual Vicepresidente. Nos separan
profundas diferencias en materia democrática, social, económica y de concepción del Estado. Pero, aún así — o justamente
por eso —: creemos indispensable defender las formas constitucionales cuando son deliberadamente degradadas desde el
propio poder.
Porque la Vicepresidencia de la Nación no es una concesión ornamental ni una figura accesoria subordinada al capricho o al
humor presidencial. La Constitución argentina diseñó esa magistratura con una función institucional específica: presidir el
Senado y asegurar, ante cualquier contingencia, la continuidad del orden constitucional mediante una sucesión legítima
surgida de la voluntad popular.
Nuestra arquitectura republicana comprendió, desde sus orígenes, que la cabeza del Senado Nacional no podía quedar
capturada por la preeminencia de una provincia sobre otra ni por la centralidad política de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Por eso la Vicepresidencia constituye una magistratura nacional electa por el pueblo en idéntica forma que quien ejerce
la Presidencia de la Nación. No integra el Poder Ejecutivo en sentido estricto: es una institución de equilibrio entre poderes,
entre jurisdicciones y entre legitimidades democráticas.
La reforma constitucional de 1994 — de cuya defensa y construcción la UCR fue protagonista central — reafirmó ese diseño
institucional. El convencional constituyente radical Antonio María Hernández sostuvo, reiteradamente, que uno de los
objetivos centrales de aquella Convención fue fortalecer la estabilidad democrática, el equilibrio republicano y la calidad
institucional del sistema político argentino. No se trata, entonces, de nombres propios.
Se trata de algo anterior y superior: la vigencia efectiva de la Constitución Nacional como pacto de convivencia entre
argentinos, con sus leyes, formas, modos, tradiciones y costumbres.
Por eso resulta particularmente preocupante observar que quienes llegaron al poder prometiendo terminar con las prácticas
del kirchnerismo comiencen a reproducir algunos de sus peores hábitos políticos: la apropiación facciosa de los símbolos
nacionales, la utilización partidaria de las fechas patrias y la construcción de un relato donde la Nación parece comenzar y
terminar en quienes circunstancialmente gobiernan.
Durante años, el kirchnerismo pretendió instalar la idea de que la Patria le pertenecía exclusivamente a quienes compartían su
mirada ideológica, relegando al resto de los argentinos a una suerte de ciudadanía disminuida, aminorada, sospechada o
moralmente inferior. Se confundió deliberadamente Estado con partido, Gobierno con Nación y militancia con argentinidad.
Nada bueno puede surgir de recorrer nuevamente ese camino, aunque cambien los protagonistas y los discursos.
Porque las celebraciones patrias pertenecen al conjunto de la Nación y no al dispositivo comunicacional del gobierno. Son
momentos de memoria común, de continuidad histórica y de reafirmación institucional. No deberían transformarse jamás en
escenarios de disciplinamiento político ni en ceremonias de exclusión simbólica. Y menos aún cuando la exclusión recae
sobre una magistratura creada por la propia Constitución Nacional.
La Argentina atraviesa una situación social y económica extraordinariamente delicada. El ajuste recae con dureza sobre las
clases medias, populares y productivas; el interior federal vuelve a sufrir postergaciones históricas; la paralización de obras
de infraestructura pública compromete el desarrollo, el empleo y el arraigo. Y, aún en medio de semejante escenario — o
precisamente por él —: la observancia rigurosa de las formas republicanas adquiere todavía mayor relevancia.
Las crisis económicas se superan. Las degradaciones institucionales suelen dejar consecuencias más hondas y persistentes.
La República no consiste, solamente, en administrar recursos, equilibrar cuentas o disputar hegemonías electorales. Consiste
también — y acaso principalmente — en aceptar límites, respetar investiduras y comprender que la Constitución está por
encima de los gobiernos, de las mayorías circunstanciales y de las conveniencias personales.
Defender la dignidad institucional de la Vicepresidencia de la Nación Argentina no implica adherir a quien hoy
circunstancialmente la ejerce.
Implica defender algo bastante más importante: la idea de que en la Argentina la nacionalidad no puede quedar reducida a
una facción, ni la Patria a una parcialidad política, ni las fechas fundacionales de la historia convertidas en patrimonio
exclusivo de quienes ejercen transitoriamente el poder.
Porque cuando un gobierno comienza a administrar los símbolos nacionales y las instituciones de la Constitución como si
fueran bienes partidarios, lo que empieza a debilitarse no es un adversario político: es la noción misma de República.
Comité de Distrito UCR.
Pehuajó, 25 de mayo, “Día de la Patria”, de 2026.-
