La Presidente del bloque Juntos por la Libertad, Graciela Agostinelli, se refirió a lo ocurrido en la sesión del HCD del pasado miércoles, no sin antes expresar sus condolencias a la familia de Teresita Olivares, reconociendo su tarea en el ámbito educativo que tuvo oportunidad de compartir en algún momento. Informó que había presentado un pedido de Concejo en Comisión con las autoridades de Educación, con el objetivo de indagar sobre las prioridades de utilización del fondo educativo y reclamar el cumplimiento de la ley que establece el uso del 40% de los fondos en educación formal, pero la iniciativa fue rechazada y los argumentos apuntaron al 60% de ese dinero que se aplica en clubes, deportes, capacitaciones y educación no formal, además, desde el oficialismo indicaron que el Honorable Tribunal de Cuentas nunca hizo observaciones sobre el particular, por lo que no se justifica la aprobación del proyecto.
Agostinelli indicó que enumeró algunos establecimientos educativos que tienen problemas de filtraciones, en baños, paredes agrietadas, falta de rejas o cerco perimetral, entre otros, y destacó que hay dinero suficiente para realizar esas tareas no solo con lo ingresado en lo que va del año, sino con los excedentes que constan del año anterior.
La edil justificó el acompañamiento al decreto de pago de $50 mil a algunos trabajadores, asegurando que entienden que para el trabajador que lo recibe es importante, pero destacó que debería haber sido un aumento general que incluya a todo el personal activo y a los jubilados, que de este modo quedan exentos. Dijo que también rechazaron un proyecto de cambios en la representatividad legal del Intendente en una causa que cursa en la Justicia cuyo denunciante es Ferroexpreso; la contratación de funcionarios para el área de deportes con sueldos altos, y la contratación de un chofer por tres meses, que ya los trabajó y los cobró, pero recién ahora se informa en el Legislativo. Por otra parte, aprobaron la contratación de profesionales de la salud de diferentes especialidades, declaraciones de interés legislativo de eventos y el reconocimiento de deuda a un comerciante local que esperaba su pago desde 2020.
