● El debate ya se dio en el Congreso. Hubo varias reuniones de comisión y decenas de especialistas exponiendo posiciones distintas antes de que ambas cámaras tomaran una decisión.
● El punto central del nuevo régimen es sencillo: la edad no puede significar ausencia absoluta de responsabilidad frente a delitos graves. La respuesta del Estado tiene que ser específica para menores, pero tiene que
existir.
● En la Provincia de Buenos Aires se iniciaron 23.846 investigaciones penales juveniles solamente en 2023. La discusión sobre responsabilidad penal no
ocurre en abstracto: existe un problema concreto de seguridad que exige respuestas.
● Si hablamos de condiciones materiales, también corresponde mirar las delas víctimas: familias que pierden a un hijo, comerciantes que sufren robos o vecinos que modifican completamente su vida por miedo al delito. Esa dimensión no puede desaparecer de la discusión.
● Si una provincia sostiene que no cuenta con infraestructura para aplicar una ley nacional, eso revela además otro problema de capacidad estatal que deben trabajar.
● La protección integral de los menores también supone evitar que
organizaciones criminales encuentren en ellos una zona de impunidad y los utilicen para cometer delitos
