Un fallo hizo lugar parcialmente a un amparo presentado contra la Municipalidad, a cargo del intendente Daniel Stadnik, y ordenó entregar documentación vinculada con trabajos de alcantarillado realizados sobre la Ruta Provincial 50. La comuna tendrá 30 días hábiles, una vez que la sentencia quede firme, para poner a disposición la información que permanece pendiente.
La Justicia hizo lugar parcialmente a una acción de amparo contra la Municipalidad de Carlos Casares por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información pública y ordenó a la comuna entregar documentación relacionada con obras de alcantarillado ejecutadas sobre la Ruta Provincial N° 50.
La resolución fue dictada por el juez Pablo Germain, quien consideró que la información proporcionada por el Municipio durante el trámite judicial no alcanzó para responder de manera completa al pedido realizado por una empresa.
La causa se inició luego de que la firma solicitara formalmente información sobre los trabajos realizados en ese sector del distrito entre fines de abril y agosto de 2025. Ante la falta de una respuesta dentro de los plazos establecidos, decidió recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.
Qué información había solicitado la empresa
La Justicia ordenó al Municipio de Carlos Casares entregar documentación sobre trabajos realizados en la Ruta 50.
El pedido presentado ante la Municipalidad incluía una amplia cantidad de documentación relacionada con las obras.
Entre otros elementos, se reclamaron expedientes, órdenes de trabajo y de servicio, resoluciones, planos, presupuestos, estudios técnicos y documentación vinculada con las contrataciones.
También se solicitó identificar a los responsables de las tareas, conocer las fechas de ejecución, la cantidad y el tipo de alcantarillas colocadas, la maquinaria utilizada y las actas de inspección.
El requerimiento incluía además eventuales autorizaciones de organismos provinciales y registros fotográficos de los trabajos realizados.
Durante el desarrollo del proceso judicial, el Municipio aportó parte de la documentación requerida. Sin embargo, para el magistrado esa respuesta resultó insuficiente.
El planteo de la Municipalidad no fue aceptado
De acuerdo con lo señalado en la sentencia, la comuna respondió algunos de los puntos planteados, pero no brindó una contestación que permitiera satisfacer en forma precisa y completa el pedido de información.
El juez también rechazó los argumentos esgrimidos por el Municipio respecto de la procedencia de la acción de amparo.
En ese sentido, la resolución remarca que el derecho de acceso a la información pública tiene sustento constitucional y que, cuando una administración no responde adecuadamente, no es necesario agotar previamente la vía administrativa para recurrir a la Justicia.
El fallo sostiene además que la información que se encuentra en poder de los organismos públicos debe presumirse accesible y que cualquier negativa tiene que estar debidamente fundamentada.
La Justicia puso el foco en la información sobre las obras públicas
Uno de los aspectos centrales de la resolución es el criterio establecido respecto de la documentación vinculada con obras realizadas por el Estado.
El magistrado señaló que las respuestas a los pedidos de acceso a la información deben ser precisas, completas, útiles y relevantes para quien realiza la solicitud.
En ese marco, consideró que el Municipio debe garantizar el acceso a la documentación y registros utilizados para llevar adelante obras públicas, incluyendo aquellos relacionados con contrataciones, presupuestos y cuestiones económico-financieras.
Por ese motivo, ordenó que la Municipalidad de Carlos Casares complete la entrega de la información que quedó pendiente.
La medida deberá cumplirse dentro de los 30 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme.
Además, las costas del proceso fueron impuestas a la Municipalidad.
Un nuevo frente judicial para la gestión de Stadnik
Un grupo de productores agropecuarios presentó una denuncia penal contra el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik.
El fallo se conoce en un contexto en el que la gestión municipal de Daniel Stadnik también enfrenta otro frente judicial vinculado con la situación hídrica que atravesó Carlos Casares y buena parte de la región durante 2025.
A fines del año pasado, un grupo de productores agropecuarios presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen contra Stadnik y la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, además de funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA) y de Hidráulica.
La presentación está relacionada con sus responsabilidades como autoridades del Comité de Cuenca Subregión A3 del río Salado y apunta a determinar eventuales responsabilidades por la crisis hídrica que afectó a la región.
La denuncia plantea la posible comisión de los delitos de estrago por inundación, omisión impropia por incumplimiento de la posición de garante e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según los productores, la magnitud de los daños registrados durante 2025 no habría obedecido únicamente a las condiciones climáticas y a las lluvias extraordinarias, sino también a una presunta falta de mantenimiento de canales y caminos rurales y a la demora en la adopción de medidas.
En el caso de Stadnik, el planteo cuestiona particularmente algunas decisiones adoptadas durante ese período y menciona declaraciones públicas del jefe comunal relacionadas con la convocatoria al Comité de Cuenca.
La denuncia sostiene que el intendente habría postergado determinadas reuniones hasta después de las elecciones y de la finalización de la emergencia.
La situación productiva había alcanzado niveles críticos durante 2025, con una importante superficie rural afectada por el exceso de agua y consecuencias sobre cultivos, pasturas, tambos y establecimientos ganaderos.
El nuevo fallo judicial por el acceso a la información pública y la denuncia penal por la crisis hídrica constituyen dos expedientes diferentes y deberán seguir sus propios caminos judiciales. En el caso de las obras de la Ruta 50, la Justicia ya estableció una obligación concreta para el Municipio: completar la entrega de la documentación solicitada una vez que la sentencia quede firme. (Fuente: Información extraída del medio “Diputados Bonaerenses”)
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