En la antigüedad, la vara era un instrumento físico para medir longitudes o para impartir justicia. Usar dos varas distintas implicaba medir una misma situación con criterios diferentes según la persona involucrada. Es decir: una regla más estricta para unos y otra más permisiva para otros.
De ahí su sentido actual: aplicar estándares desiguales a hechos similares. Hablemos de algunos ejemplos entonces:
¿Cuánto tiempo sobreviviría una empresa privada si brindara los servicios con la misma calidad que muchos organismos públicos?
Pensemos en el agua. Cortes frecuentes, presión insuficiente, agua turbia, reclamos que no se contestan. Ahora imaginemos por un segundo que ese servicio lo prestara una empresa privada común y corriente. ¿Cuántos clientes conservaría? ¿Cuántos sueldos podría pagar antes de fundirse? La respuesta es obvia: muy pocos, durante muy poco tiempo.
Lo mismo ocurre con la limpieza urbana. Una empresa privada que dejara basura acumulada durante días, que no cumpliera recorridos o que trabajara “cuando puede”, perdería el contrato en semanas. Sin discursos. Sin explicaciones épicas. Afuera y punto. En cambio, cuando el servicio es municipal, el incumplimiento se vuelve paisaje. Se explica. Se justifica. Se tolera.
La doble vara se hace todavía más evidente en el tránsito. Cualquier vecino sabe que un auto sin patente, sin luces o largando humo negro no pasa una esquina sin multa. Pero también sabe que muchos vehículos oficiales circulan en ese estado todos los días. No porque estén autorizados, sino porque nadie los controla. La ley existe, pero no para todos.
¿Y si una empresa privada se encargara de reparar los caminos rurales y estuvieran en las condiciones del 90 % del tendido vial rural bonaerense no le daríamos de baja ese contrato?
El argumento habitual es que “el público hace lo que puede”. Como si eso fuera una virtud. Como si pagar un impuesto implicara a la vez resignarse. Nos educaron para agradecer servicios que, en realidad, solo deberían funcionar. Nada más. No es excelencia: es cumplimiento básico.
La diferencia de fondo no es ideológica. Es estructural. En el sector privado, si el cliente se va, la empresa quiebra. En el sector público, el contribuyente no puede irse. Está cautivo. Esa asimetría genera algo peor que la ineficiencia: genera impunidad.
Y hay un elemento cultural todavía más dañino. Hemos naturalizado el mal funcionamiento de lo público, al punto de romantizarlo como “sacrificio social”. Y no es sacrificio. Es resignación inducida. Se nos pide paciencia donde debería haber control, auditoría y sanción.
No se trata de destruir lo público ni de idealizar lo privado. Se trata de exigir lo mismo. Porque cuando el impuesto se cobra para algo pero sin consecuencias por incumplir, lo que se anestesia no es el servicio: es nuestra capacidad de exigir calidad por lo que pagamos.
Fuente: CampoInfo
