La Justicia Federal de Venado Tuerto imputó este lunes a un abogado radicado en Melincué y a otras cuatro personas en una causa que investiga una presunta organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos provenientes del narcotráfico
La investigación es una derivación de la causa por el aterrizaje, el pasado 12 de mayo, de una avioneta procedente de Bolivia en una zona rural de Villa Eloísa, donde Gendarmería secuestró 321 kilos de cocaína. En aquella oportunidad también fueron detenidos los tripulantes de la aeronave y otros integrantes de la organización.
Durante la prolongada audiencia realizada en la mañana de hoy en la sede del Juzgado Federal de Venado Tuerto, los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra, de la PROCUNAR NEA, Juan Argibay Molina, de PROCELAC,y Daniela Ghiorzi expusieron la hipótesis del Ministerio Público Fiscal sobre el funcionamiento de la estructura investigada.
Según la acusación, Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. (ambos hermanos oriundos de la localidad boanerense de Trenque Lauquen, aunque residen en Roldán- Santa Fe), Maximiliano C. G. (abogado radicado en Melincué) y Guillermo B (padre de los dos primeros) habrían desarrollado de manera organizada y habitual, al menos desde septiembre de 2025 hasta la actualidad, distintas maniobras destinadas a introducir en el circuito económico legal dinero presuntamente proveniente del tráfico de estupefacientes.
LA RUTA DEL DINERO
De acuerdo con la Fiscalía, los fondos de origen ilícito fueron utilizados para adquirir distintos bienes y realizar operaciones comerciales con el objetivo de ocultar o disimular su procedencia y, en algunos casos, la verdadera titularidad de los bienes.
Entre las operaciones bajo investigación aparece la adquisición de un fondo de comercio en Melincué, además de la compra de vehículos y el alquiler del inmueble donde funcionaba un corralón con presunta la actividad comercial. Aunque, distintas fuentes confirmaron a Venado24, que dicho corralón no tenía movimiento comercial. En este sentido, la sospecha principal es que su compra tenía como objetivo el lavado de activos, per no se descarta que el lugar haya sido utilizado para otros finés.
Por ahora, para los fiscales, los involucrados no habrían podido justificar una capacidad económica acorde con el volumen de esas operaciones.
La investigación también se profundizó a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados el 25 de agosto. Según la acusación, esos dispositivos permitieron reconstruir la intervención del abogado en distintas operaciones vinculadas con la presunta estructura de lavado.
EL ABOGADO, TAMBIÉN SEÑADO POR NARCOTRÁFlCO
La imputación contra el abogado de Melincué no se limita al presunto lavado de activos. Los fiscales también le atribuyeron formar parte del circuito de comercialización de drogas en la zona, en coordinación con Manuel P. R., vecino de Villa Divisa de Mayo al que la Justicia ya imputó el 28 de agosto pasado en un resonante caso que involucró a dos jefes policiales de Microtráfico y a quien la investigación señala por operar en el comercio local de estupefacientes.
Según la teoría de la fiscalía, el abogado habría intervenido en causas judiciales y ejercido la representación de personas vinculadas con ese circuito. Pero, además, se le atribuye una participación directa en la comercialización de drogas junto al mencionado vecino con resiudencia en Villa Divisa de Mayo.
La Fiscalía sostuvo que el abogado habría cumplido un papel relevante dentro de la estructura, actuando de manera coordinada y siguiendo directivas de Manuel P. R. La acusación incluye tanto su presunta participación en la venta de estupefacientes como el supuesto favorecimiento de personas allanadas o detenidas que formarían parte de la organización o que serían revendedores vinculados con Manuel P. R.
UN SUPUESTO PRESTANOMBRE
En el caso de Christian B., los fiscales sostuvieron que habría actuado como prestanombre de sus hijos, Santiago y Juan Cruz, dentro de las maniobras investigadas.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que distintas operaciones y bienes habrían sido colocados a nombre de terceros para dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios y el origen del dinero.
PRISIÓN PREVENTIVA HASTA MAYO DE 2027
A pedido de los fiscales, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027 para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G.
La nueva imputación amplía de esta manera el alcance de una investigación que comenzó con uno de los principales procedimientos antidrogas registrados este año en el sur de Santa Fe: el aterrizaje de una avioneta proveniente de Bolivia con más de 321 kilos de cocaína en Villa Eloísa.
Aquella causa ya había derivado en la imputación de cinco personas por tráfico internacional de estupefacientes y en medidas de prisión preventiva.
Fuente: Radio Jota 98.3
