Referentes rurales de Carlos Casares arribaron a la Legislatura bonaerense para buscar respuestas ante las reiteradas inundaciones.

Referentes rurales de Carlos Casares esta semana golpearon las puertas de la Legislatura bonaerense para relatar en primera persona el drama de las inundaciones que azota a la región, para visibilizar la denuncia penal que recientemente formularon contra funcionarios locales y provinciales por el abandono de los caminos rurales y la paralización de obras hidráulicas clave y para comenzar a darle forma a una mesa de trabajo que siente a la mayor cantidad de actores y busque soluciones a los históricos reclamos del campo.

El convite reunió a los presidentes de las comisiones de Asuntos Agrarios de ambas Cámaras, la diputada Sabrina Sabat (Unión y Libertad) y el senador Alejandro Cellillo (UCR – Somos Buenos Aires), y a los legisladores Luciano Bugallo (Coalición Cívica), Silvina Vaccarezza (UCR – Cambio Federal), Nerina Neumann (UCR – Cambio Federal) y Jorge Schiavone (PRO). De manera virtual, asistieron los diputados Paula Bustos (PRO), Martín Endere (PRO) y Fernanda Díaz (Unión por la Patria).

Por los productores, una de las que habló fue Carolina Donegani, representante de Comunidad Rural Carlos Casares, quien cuestionó la falta de mantenimiento de los caminos rurales, el nulo control de los canales clandestinos, el freno de obras y la elevada presión impositiva. “No me vengan con que las inundaciones son producto del cambio climático para disfrazar lo que no hicieron, porque yo puedo estar inundada pero también tener el camino hecho y eso hoy no pasa”, dijo.

Otra de las que le puso voz a los pedidos que escucharon los legisladores fue Alejandra Córdoba, también integrante de Comunidad Rural Carlos Casares y representante legal de productores del centro de la provincia de Buenos Aires, quien criticó la inacción de los Ejecutivos local y bonaerense. “El barro es la frontera que separa al campo del acceso a nuestros derechos y de las oportunidades. Falta voluntad política y lo que más bronca da son las omisiones porque los caminos deberían ser puntos de conexión y hoy no son más que ríos, que no están en condiciones de ser transitados”, disparó la letrada.

En este sentido, Alejandra Córdoba mencionó que, tanto la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, precisaron que son entre 2 y 4 millones de hectáreas las que se encuentran afectadas por las inundaciones, de las cuales 900 mil directamente están “debajo del agua”.

Cabe destacar que, también fueron de la partida el tambero Diego Martín y su esposa, quienes denunciaron que desde marzo de 2025 la escuela a la que mandan a sus hijos no tiene docentes. “Agradezco que se pueda hacer algo por la producción, porque son muchas las familias que la están pasando mal”, detallaron.

Por su parte, los legisladores que recibieron a los representantes del campo en el salón Antonio Cafiero del Senado bonaerense se comprometieron trabajar de manera articulada entre ambos recintos para impulsar proyectos de ley que se traduzcan en políticas públicas que mitiguen las inundaciones, para efectuar gestiones ante los gobiernos locales y el provincial, y para ser parte de la mesa de trabajo que promueven los productores.

“Tenemos que coordinar entre los ejecutivos, el legislativo y los representantes del sector cómo hacer para generar soluciones. Hoy tenemos dos cuestiones, que son la emergencia por un lado y por el otro la prevención, tenemos que generar leyes macro. Esto no nos puede volver a pasar y excede lo partidario”, puntualizó Sabat en diálogo con este medio.

Por su lado, el senador Alejandro Cellillo informó que las productoras les entregaron un petitorio y se fueron “con el compromiso de que ambas comisiones de Asuntos Agrarios, van a trabajar el tema”. “Va a haber una reunión conjunta de asesores y se convocar a los actores de los Ejecutivos y del Banco Provincia”, adelantó el radical.

“Desde el 10 de diciembre del 2023 vengo presentando proyectos sobre caminos rurales porque son los que llevan seguridad, salud, educación y producción. Son importantes para el sector agropecuario, para la productividad, y también para conectividad”, puntualizó a su turno la diputada del monzonismo en diálogo con Diputados Bonaerenses.

En tanto, Bugallo advirtió que los legisladores puede presentar iniciativas, “pero si el Ejecutivo no ejecuta o si no baja línea a sus diputados o a sus senadores, queda todo lamentablemente empantanado”. “Hay una responsabilidad de la Provincia y también de la Nación, que están recaudando fondos para obras que no ejecutan”, lamentó el diputado lilito.

La denuncia penal de los productores rurales de Carlos Casares

Los productores además pusieron al tanto a los legisladores de los pormenores de la denuncia penal que presentaron contra el intendente local, Daniel Stadnik, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, en su carácter de autoridades del Comité de Cuenca A3 del río Salado y otros funcionarios provinciales de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense. 

En paralelo, la abogada destacó que “por primera vez” se vieron “obligados a hacer una denuncia penal porque las autoridades del agua y de hidráulica conocían la situación, sabían de la recurrencia de las inundaciones en la región y no hicieron nada”.

Como informó este medio, el escrito judicial sostiene que la inacción oficial agravó la crisis por las inundaciones en la subregión A3, provocando un “estrago” que dejó bajo el agua miles de hectáreas productivas y afectó la vida social y económica de la región.

“El intendente de Carlos Casares hace casi dos meses dijo ‘vamos a esperar que baje el agua y vamos a ver qué hacemos’. Esto es una cachetada, una falta de respeto y una incoherencia, porque este señor hace 14 años conoce la realidad del distrito y tiene responsabilidad respecto a los caminos rurales. Por eso lo denunciamos. No puede ser que este desastre este condicionado al supuesto criterio técnico o político de dos o tres personas”, añadió Donegani.

La denuncia, presentada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, acusa a los funcionarios de estrago por inundación (arts. 186, 189 y concordantes del Código Penal), omisión impropia por no haber actuado pese a sus roles de garantes en el Comité, e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), al no cumplir las funciones que la normativa les impone.

“No estamos tan enojados con la naturaleza, sino con las omisiones. Se dieron una serie de eventos y de omisiones. No puede ser que una obra como el Plan Maestro del Rio Salado se haya planificado para 15 años y lleve 30 y esté sin terminar“, señaló Córdoba y amplió: “Entre las omisiones se encuentra la desidia de la Provincia que no trabajó en terminar la obra del Plan Maestro del Río Salado y la falta de control de la Dirección de Hidráulica que tiene el poder de policía sobre los canales clandestinos. También hay un desmanejo del agua, porque no hay ni una sola política pública y los municipios tienen responsabilidad en el abandono de los caminos rurales”.