No se salva nadie: los placares de los Estados nacional, provincial y municipal no están vacíos, ni mucho menos. Repasemos una vez más de arriba hacia abajo.
El Gobierno Nacional dispone de un fondo millonario que, en los últimos doce años, recaudó más de 150 mil millones de pesos. Es el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica y fue creado con un propósito claro: financiar obras para evitar inundaciones como las que hoy arrasan buena parte de la provincia. Sin embargo, tanto éste como los gobiernos anteriores han usado ese dinero para fines muy distintos: desde montar carísimos stands en Tecnópolis hasta realizar maniobras de especulación financiera y otros desvíos. En resumen, el fondo se escurrió lejos de su objetivo original. Ergo: el Estado Nacional le debe esos 150 mil millones al sector productivo que hoy, literalmente, trabaja bajo el agua.
Pasemos al Gobierno Provincial: los impuestos al sector son cada vez más pesados. CARBAP —una de las entidades que lo representa— acaba de emitir un nuevo comunicado oponiéndose a lo que el oficialismo llama, con mucho eufemismo, la “quinta cuota”: un aumento del 25% del Impuesto Inmobiliario Rural, en un contexto donde los productores “se ahogan” y la Provincia, lejos de tenderles un salvavidas, les arroja uno de plomo. Ya lo hizo en 2024, durante una sequía histórica, y lo repite ahora con una inundación igual de histórica. Declaran la emergencia, pero al mismo tiempo cargan con un 25% más la mochila de la asfixia fiscal.
¿Y las obras? Brillan por su ausencia. Los caminos provinciales son fantasmas, y la Dirección de Hidráulica parece un sello perdido entre las calles 32, 122, 72 y 31 de La Plata, donde curiosamente hoy no hay agua que sacar. Mientras tanto, cinco millones de hectáreas del interior bonaerense están bajo el agua. Te la debo, sector agropecuario. Y que Dios te lo pague.
Descendamos un escalón más: los municipios. En la definición de tasa está la clave. Se cobra tasa de barrido para barrer, de alumbrado para alumbrar y de reparación de caminos para, justamente, repararlos. Pero en la práctica, la enorme mayoría de los municipios bonaerenses destina menos de la mitad de lo que recauda por ese concepto a los caminos rurales. El resto se diluye en rentas generales: espectáculos “gratuitos”, decoraciones de plazas, sueldos generosos para funcionarios que no siempre funcionan, y vehículos cero kilómetro para recorrer —sin arreglar— las zonas afectadas.
Cada dos años, los municipios terminan debiéndole al campo al menos un presupuesto entero en obras que jamás ejecutan. Una deuda silenciosa, pero constante.
Un buen ejercicio sería imaginar qué ocurriría si, un día, el campo se cansara de pagar. Si decidiera pasar la cuenta completa a los gobiernos nacional, provincial y municipal, ninguno tendría forma de afrontarla. El sector agropecuario es el principal generador de divisas del país, la gallina de los huevos de oro que todos explotan y que nadie protege.
El hilo se vuelve cada vez más delgado pero los Estados, en sus tres niveles, siguen tirando.
Puede que en algún momento se corte, y cuando eso ocurra, la gallina reclame —con razón— lo que ya pagó.
¿Faltará mucho para ese día?.
Fuente: CampoInfo
