A la ola de robos que asoló a Francisco Madero en el año 2024, en meses recientes vuelve a reeditarse una seguidilla de hurtos menores, que nuevamente provocan un malestar generalizado entre la población local. Se trata de sustracción de garrafas, aves de corral, elementos de jardín y todo objeto de valor que se encuentre en el ingreso a viviendas donde sus moradores están ausentes, sumado a los ilícitos cometidos en el medio rural, que por ejemplo determinaron el allanamiento a la residencia del vecino Pedro Viera, uno de los sospechados el día 14 de diciembre pasado, sin que tampoco exista sanción o resolución final alguna.
Si bien existen precedentes de aprehensiones y recuperación de elementos robados o hurtados, como sucedió el pasado 23 de septiembre por parte de la policial local, con apoyo de DDI Trenque Lauquen y el Grupo GAD, la mayoría de los hechos quedan relegados a un bagaje burocrático y garantista que exime de toda pena a los delincuentes, o que llega a dar segundas oportunidades por artimañas legales. En este último ilícito cabe la referencia del ciudadano Lucio Coronel (libre, a pesar de ser condenado el pasado 6 de agosto de 2025 por robo millonario al vecino Abel Pinedo y contar con reincidencia posterior) y la tardanza en la resolución de varios casos, entre ellos, los acaecidos en perjuicio de Horacio Vitale, Jesús Alberto Pérez, María Sar y una decena de familias que por razones de reserva no difunden por este medio sus datos personales.
En este contexto de frustración de varias de las personas que nos reunimos en Francisco Madero cada mes, este sábado último -de la misma manera que se hace todos los meses-, volvimos a coincidir y hacer público el pedido a las autoridades jurisdiccionales para que actúen con mayor firmeza con los delincuentes locales que ya se conocen y prosiguen con su recurrencia y modus operandi. Ahora hablamos de hurtos menores, pero recordamos que precede la situación de las motos robadas, desarmadas o en infracción -que por fortuna debemos agradecer a la policía local por su iniciativa de reducir ese delito-, la sustracción de animales y objetos de valor en el medio rural -especialmente mangas y equipos de bombeo- y los robos millonarios con ingreso violento a las propiedades particulares o empresas, donde rige el modus operandi de romper hasta paredes y destruir puertas, ventanas y muebles.
En este sentido, agregamos y peticionamos:
– Devolución de objetos robados o hurtados, con una comunicación previa que ofrezca certidumbres y no deje a la deriva a las familias afectadas, a las que sí se las somete a redundantes trámites o instancias burocráticas del sistema judicial.
– Reparación de inmuebles violentados o al menos el resarcimiento económico, que inclusive nos piden como presupuesto la misma fiscalía y luego queda en la nada.
– Publicación de nombres completos de los/as delincuentes en los medios de prensa o en las gacetillas oficiales, así como se difunde los detalles de las víctimas.
– Investigación efectiva de los comercios irregulares que se hacen en las redes sociales para la venta de objetos robados o hurtados.
– Mayores controles sorpresa y mejores estrategias para tener resultados positivos con los cacos, sin que redunden los operativos imagen en caminos o rutas dentro de días y horarios hábiles, que lo que termina provocando son llegadas tarde de las personas que sí trabajamos o tenemos compromisos de horarios.
– Mayor ligereza para el pedido de allanamientos, y con justificaciones en caso de su imposibilidad, además de reducir la arrogancia que se mantiene en ocasiones ante la víctima.
– Convocatoria local y toda acción de aliento para testificar en robos y hurtos, evitando que las causas prescriban o se trunquen en su archivo.
– Mayores reservas de los datos denunciados para evitar exponer a las víctimas y los potenciales testigos.
– Menor empatía con los delincuentes y mayor apego por la situación que atraviesa la víctima.
– No exigir a la víctima que lidie con gastos de abogados y otros asociados, a modo de desalentar la consecución de objetivos concretos en su beneficio, es decir, lograr dar con los/as autores/as y el botín del robo o hurto.
– No sustraer efectivos policiales de la dependencia local, sobre todo los fines de semana o en horarios nocturnos, para ser asignados a otros lugares e incluso operativos o comisiones fuera de la jurisdicción.
– No alertar con sirenas o pasos lentos del patrullero, cambiando regularidades y si es necesario, recorrer de otro modo la localidad, ya que ha quedado evidenciada esa efectividad en hechos resueltos por la policía local.
– Colocar cámaras sin develar ubicaciones y en arterias estratégicas, con monitoreos mas regulares y vinculantes con las denuncias.
– Más comunicación interinstitucional con las autoridades judiciales y apertura a los damnificados/as, incluida la respuesta en tiempo y forma, ya que no se hace o tarda meses o años, cuando casi no tiene sentido.
Firman este pedido las familias: Diez, Urquijo, Pérez, Gómez, Pinedo, Lastra, Vitale, Sar, Rivarola, Fernández, Maldonado, Martínez, Mendiguren, Santos y García.
