Un reclamo social que supera las normas de convivencia urbana, con un condimento aún más grave y peligroso: el riesgo de la INTEGRIDAD FÍSICA de unos y otros.
Con una Fuerza Provincial Policial maniatada de pies y manos, donde si no hace la cuestionamos y si hace, cuestionamos por qué hace, y cuando hace, con todos los riesgos legales que ello conlleva o implica.
Un cuerpo de Inspectoría, con vehículos o unidades impecables, pero con empleados municipales con funciones o facultades extremadamente limitadas, sin la instrucción necesaria o suficiente para la actividad que han sido designados, con recursos de seguridad personal inexistentes y salarios magros para el rol que deben desempeñar.
Un Juzgado de Faltas Municipal, meramente devenido como agente oficial recaudador, donde únicamente se sanciona “a aquellos que materialmente o económicamente pueden afrontar el pago de una multa”.
Estamos inmersos en una situación crítica, dentro de un contexto sociocultural que viene decreciendo, donde lo que está mal lo estamos naturalizando sin importar el prójimo que sufre los ruidos molestos: el anciano, el que sufre patologías crónicas y severas, el laburante que cada mañana sale a buscar el mango, ese mismo que un día domingo, en su horario libre, decide ir a tomar unos matecitos con su familia al boulevard de cada acceso, o a la plaza, al parque, a las mismas mascotas, etc., y en ese mientras tanto, vidas arriesgadas innecesariamente.
Mientras desde nuestro Ejecutivo se mantiene el discurso de Estado presente…
Tampoco vamos a pretender que las Fuerzas del Orden salgan a una cacería de brujas, porque no, porque no corresponde, porque no es legal, porque el remedio sería extremadamente mucho más grave que la enfermedad…
Nada de mano dura, nada de esas terminologías que ya no queremos escuchar y que no nos hacen bien.
¿Saben qué precisamos?
Estado presente y decisión política.
Campañas masivas de educación vial que brillan por su ausencia.
Estrategias, planificacion, Operativos de prevención, disuasión, que sostenibles en el tiempo, no una semana en el año, desalentar toda actividad contravencional para poder evitar lo peor.
Se instruya, se aleccione al personal municipal, bajo la supervisión, respaldo o garantías necesarias de las Fuerzas Policiales, para que pueda llevar a cabo la tarea de reunir información necesaria y puntual de aquel o aquellos que transgredan normas graves; que el Juzgado de Faltas no solamente ejerza de agente recaudador y pueda extender órdenes de allanamiento para el secuestro de aquellos a los que no les interesa el prójimo.
Generar políticas para que el Estado municipal pueda disponer de la compactación de todo aquel elemento material nocivo para el común de la sociedad, garantizando el orden y la tranquilidad pública.
En cuanto a recursos logísticos, están todos: unidades móviles, cámaras o monitoreo, fotomultas, aportes audiovisuales de vecinos, todo.
Tal vez en algún momento haya voluntad política o Estado presente, con medidas severas, Doña Rosa dejará de pagar los platos rotos y muchos de nosotros no tengamos que lamentar vidas.
