ENTRE EL GARANTISMO, LA BUROCRACIA JUDICIAL Y EL DESAPEGO POR LOS MAS VULNERABLES

Una vez más, Francisco Madero (Pehuajó) golpeado por delincuentes y funcionarios displicentes

Como ya viene ocurriendo en nuestros pueblos rurales, desprovistos de efectivos policiales y con otras postergaciones que denotan una reflexión muy profunda. Podemos hablar de los transportes y otros servicios que constantemente obligan a los vecinos a privarse, o, diversos trámites que exigen viajar a la ciudad de Pehuajó. Entre estas cuestiones, la seguridad no es la excepción, sin dejar de reconocer la tarea que realiza nuestra policía local. Entre las interpretaciones garantistas acerca de personas que delinquen, debemos sumar la burocracia judicial y el desapego por la población más vulnerable, como por ejemplo sucede con la tercera edad.

En este caso nos remitimos al vecino Abel Pinedo, de 76 años, que continúa trabajando en el medio rural porque como en el común de los jubilados autónomos, no puede subsistir con una jubilación mínima ni tampoco sortear gastos que no proporciona las prestaciones dadas por el PAMI. En este contexto, en la madrugada del martes pasado concurrió a trabajar y tras su regreso en horas del mediodía se encontró violentada una puerta trasera de su domicilio, al igual que una puerta interior. Al revisar las habitaciones de su vivienda detectó la sustracción de dinero recientemente cobrado por la venta de un campo, producto de la herencia de sus padres.

En cuestión de horas, la DDI Pehuajó concretó tareas de rigor (huellas dactilares y rastros de pisadas), sumado a la revisión de cámaras de varias viviendas aledañas, corroborando la persona que ingresó y egreso al domicilio en cuestión en esa misma franja horaria, viéndose cómo se aprestaba a controlar los movimientos del vecino. Tramitándose la denuncia y las declaraciones testimoniales un día más tarde, y posteriores ampliatorias, se aportaron evidencias de los peritos y antecedentes delictivos que reviste una fuerte hipótesis de trabajo investigativo.

Aun realizada una rápita investigación policial, con pedidos de allanamientos, una y otra vez, la jueza a cargo denegó tal solicitud desde Fiscalía. Con más pruebas, el viernes se solicitó y tampoco se libró la orden inmediatamente. Se postergó hasta el lunes, dejando pasar unos cuentos días con movilidad de la persona sospechada. Por obviedad, los resultados fueron negativos, requiriéndose un sin de pruebas para continuar con mas domicilios. Es decir, que una acción deliberadamente tardía con sendas burocracias, hacen que solo sea viable concretar una aprehensión o rescate de objetos robados cuando si a los autores se los encuentra infraganti y con testigos en el lugar.

De esta forma, es repudiable esta displicencia del poder judicial y valorable la tarea que han realizado los pocos efectivos policiales designados en el Destacamento de Francisco Madero -que debiera contar con al menos 4 efectivos en forma diaria-, que durante el fin de semana contaron con tres horas de apoyo diario del GAD Pehuajó. Caben así varias reflexiones, porque no es un hecho aislado en nuestra querida comunidad que convive a diario con estas personas que delinquen. Como comunidad sabemos quiénes son. No debemos quedarnos de brazos cruzados y manifestarnos en este sentido, porque la Justicia no puede tener pausas o retardos en alevosía. Y si tienen que trabajar el fin de semana, hay que recordar que son los sueldos públicos más altos, que no pagan impuestos como cualquier ciudadano común ni tampoco están entre las eminencias de nuestra provincia o país. Sepan cuánto percibe un efectivo policial que trabaja diariamente 24 horas en la calle e incluso un docente, un empleado municipal o un enfermero que extienden su tarea más allá de su horario y pese a cobrar bajo la línea de la pobreza. Tampoco un científico con más décadas y antecedentes académicos que un abogado con cargo de juez logra equipararse a los privilegios de esta corporación, sino por el contrario, brindan todo de si para el bien común sin recibir paga alguna en muchos casos. Así estamos como sociedad, con nuestros pueblos y nuestros mayores, muy poco valorados si nos remitimos a un derecho sustancial como es la seguridad.