Las auditorías realizadas al ente revelaron que contaba con varios incumplimientos y proyectos sin terminar. Previo a esto, el ministro de Economía aseguró que se trataba de uno de los organismos utilizados para cometer actos de corrupción
El Gobierno dispuso la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), un organismo descentralizado que hasta el momento funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Después de que se detectara que los proyectos de materia hídrica estaban divididos entre diferentes organismos, se determinó la necesidad de cerrar el ente con el objetivo de administrar de manera más eficiente los fondos públicos.
A raíz de esto, el Ministerio de Economía estará a cargo de emitir las normas complementarias y aclaratorias para asegurar que las transferencias de los bienes sean realizadas de forma eficaz. Asimismo, la Ley N.º 24.583 y el Decreto N.º 107/97, que originalmente reglamentaban las funciones y estructura del ENOHSA, quedarán derogados apenas se cumpla el mes establecido en la publicación.
Las obras prioritarias pasarán a estar bajo la administración de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Gobierno)
Por este motivo, explicaron que la clausura del organismo era vital para evitar que se prolongue la superposición de funciones entre varios entes estatales. De esta manera, se prevé que existirá una mayor coordinación en la administración de los recursos, la distribución y concreción de las obras de agua potable y cloacas sanitarias.
De hecho, en las 4 de las últimas 10 auditorías internas correspondientes al 2022 se detectó falta de documentación respaldatoria de las obras, fondos no rendidos por los entes ejecutores, retraso en el avance de las obras, y compras directas en lugar de licitaciones, entre otras observaciones.
La publicación del ministro de Economía sobre las obras que estaban a cargo del ENOHSA (X: @LuisCaputoAR)
La auditoría -que relevó una muestra de 32 obras sobre un total de 158- también detectó “documentos de la contratación o la ejecución de la obra faltantes, insuficientes o inexactos”, y “falta de información indispensable” por parte del ente ejecutor, en seis de las obras realizadas ese año, y rendiciones de fondos pendientes en un proyecto en La Aguada, en Santiago del Estero. A su vez, advirtió que se adeudaban certificaciones de obra en 24 proyectos, así como documentación referida a esas certificaciones, y hubo una “alteración de la periodicidad prevista para la certificación de obra y/o del avance físico establecido en el Plan de Trabajos vigente” en otras cuatro obras en Santa Fe y Neuquén.
No obstante, no fueron las únicas irregularidades halladas, debido a que se reportaron obras paralizadas con el plazo de ejecución vencida, e “intervenciones insuficientes o extemporáneas por parte de las áreas competentes”. Además, se confirmó que hubo demoras significativas en varias de las metas establecidas en diversos programas y obras.
Las más retrasadas fueron las referidas a la incorporación de beneficiarios al sistema de agua potable, en las que la ejecución fue de solo el 14.15%. Le sigue la habilitación de Obras Especiales de Agua Potable y Saneamiento, con apenas el 18.52% de ejecución; y los proyectos de saneamiento para el mejoramiento del Plan Argentina Hace, con el 35.29% de fondos ejecutados.
