Buena parte de la Provincia de Buenos Aires está inundada. El corazón productivo del país hoy no produce. Cientos de canales que no canalizan, miles de caminos que no se pueden caminar, obras que han sido prometidas una y otra vez en cada campaña politica pero que brillan por su ausencia.
Lo que si abunda en todos los niveles son discursos nerviosos de funcionarios que no funcionan porque nunca buscaron soluciones y hoy están a la caza de excusas y de sacarse responsabilidades de encima.
A las obras que faltan ya las pagaron varias veces todos los argentinos con sendos fondos fiduciarios para emergencias hídricas que se recaudaron para eso y solo para eso y por fortunas, pero nunca llegaron al terreno donde deberían estar. Las pagaron también los bonaerenses cuyos impuestos alimentaron partidas presupuestarias que se ejecutaron para esas obras aunque nunca aparecieron. Los productores llevan pagado en tasas viales, importes que si se hubieran usado donde deberían podrían estar pavimentados. Sin embargo cuesta encontrar un municipio que llegue a gastar la mitad de lo que recauda para caminos, en esos mismos caminos. Conclusión: no es que ha faltado plata, no la han usado donde estaban obligados a hacerlo.
¿Y ahora quien podrá defendernos? diría el popular personaje Chapulín Colorado. El Estado se sabe responsable y con gestos exagerados pretende fingir demencia, que sigamos pagando y que miremos para otro lado. Los Tribunales de Cuenta usan sus propios presupuestos millonarios para analizar los gastos municipales y como mucho, ante un hecho demasiado grave e imposible de archivarlo, responden con una multa (qué nadie tiene pruebas pero tampoco dudas de que la pagan una vez más los mismos contribuyentes) y un chas chas en la cola para ese funcionario malo, malo.
Mientras sobrevuela el texto claro y contundente del Código Penal de la Nación Argentina definiendo el delito de malversación de caudales públicos, que ni siquiera da lugar a interpretaciones rebuscadas ni requiere de un abogado especialista para entenderlo:
«ARTICULO 260. – Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída». Dura lex, sed lex: La ley es dura, pero es la ley. Y como les gusta recordar a conveniencia a muchos políticos, todos somos iguales ante esa ley. Mucho más aquellos que con una mano sobre la Biblia o la Constitución, han jurado cumplirla y hacerla cumplir con lealtad y patriotismo. Y si así no lo hiciera, Dios pero sobre todo la Patria debe demandárselo.
Fuente: CampoInfo
