Las noticias se conocen diariamente: productores en Bolívar inician una causa en la justicia porque lo que se recauda por tasa de mantenimiento de caminos rurales se aplica en cualquiera área menos donde debería. En Pehuajó otro grupo de vecinos inicia acciones judiciales contra el municipio por la creación de una tasa incluida en los combustibles que está a kilómetros de ser tasa: es un impuesto creado por un Municipio. En Carlos Casares también las noticias son juicios al municipio por el estado de los caminos a pesar de las tasas exorbitantes que se les cobra a los productores.
Podrían enumerarse docenas de casos similares para ejemplificar la reacción de los contribuyentes a la voracidad fiscal de muchos intendentes que ya no tiene límites y se busca ponerlos a través de la vía judicial. Pero…¿por qué es el contribuyente el que tiene que demostrar que una tasa es inconstitucional, o no se utiliza para lo que fue creada, o es desproporcionada para el servicio que se presta?. ¿Por qué tiene que gastar su dinero y su tiempo para demostrarlo, sin que ni siquiera se suspenda el cobro en los años en los que la justicia tardará en dictaminar?. La respuesta es simple y contundente: porque quienes mucho antes debían hacerlo o “no la vieron” o peor: “miraron para otro lado”.
Para que una tasa llegue a ser cobrada en un Municipio debe pasar varios filtros: se inicia en la creatividad y voracidad del intendente que la crea, la aumenta o la usa indebidamente. Continúa por mayorías en los Concejos Deliberantes que aprueban ordenanzas fiscales y rendiciones de cuentas como escribanías. Y termina en la inacción del “Honorable” Tribunal de Cuenta que está desplegado en toda la provincia, con funcionarios de sueldos de varios ceros, para cuidar de estos abusos.
Y para que una tasa se llegue a la Justicia, todos esos filtros deben haber mostrado su inutilidad previamente. Entonces, el contribuyente que paga los sueldos de todos ellos (del Intendente, los concejales, y los numerosos miembros de los Tribunales de Cuenta) tiene que meter nuevamente la mano en su bolsillo para pagarse un abogado que lo defienda en la justicia ordinaria. Ser contribuyente se ha vuelto demasiado caro y extremadamente injusto: acaso cuando la Justicia falla a favor del contribuyente, alguno de estos funcionarios que debería haber reaccionado antes de que el primer recibo llegara a los vecinos y no lo hizo, ¿recibirá la consiguiente acusación de incumplir con sus deberes de funcionario público?.
Como reflexión final: si el Tribunal de Cuenta ha dejado de revisar las cuentas y se limita a “imponer” irrisorias multas (que también pagan los contribuyentes), ¿no será hora de repensar su utilidad?.
Fuente: CampoInfo
