Instituciones, transportistas y prestadores denuncian que reciben valores por debajo del nomenclador nacional, que no se actualizan tarifas y no se cumple con los pagos
La situación que atraviesan los prestadores de servicios para personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires es alarmante. Sin respuestas por parte de las autoridades de la administración de Axel Kicillof, denuncian que se les paga valores equivalentes al 50 % del nomenclador nacional y que, en muchos casos, los montos no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos básicos de las prestaciones.
“En algunas prestaciones, se paga apenas el 50 % de lo que fija hoy el valor nomenclador nacional. La hipocresía y la ironía es que, mientras defienden la Ley de Emergencia en Discapacidad, no se adhieren y toman medidas para pagar menos”, señaló Daniel Masuzzo, referente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires, en diálogo con El Editor Platense.
Según explicaron desde el sector, la prestación de un centro de día con jornada doble -que brinda atención integral a personas con discapacidad- se paga, de acuerdo con el nomenclador nacional, $692.000, mientras que la provincia de Buenos Aires abona solo $253.000 por el mismo servicio. Incluso, denuncian que no se paga a los prestadores en tiempo y forma. Debido a este combo de valores por el piso e irregularidades en el cobro, muchos deciden no trabajar más con la obra social bonaerense.
“La única forma de acceder al valor nacional es mediante un recurso de amparo, que implica para las familias un gasto que puede superar el millón de pesos. Y ni siquiera así se garantiza que lo paguen. En muchos casos, no reconocen las medidas judiciales”, explicó.
Otra área crítica es el transporte para personas con discapacidad. Allí, la gestión de Kicillof paga $542 por kilómetro, un valor que fue actualizado por última vez en julio, luego de que muchos transportistas decidieran dejar de brindar el servicio. A partir de este escenario, el organismo provincial estableció un valor por encima del que se paga a nivel nacional. Sin embargo, esta medida no representó una solución real. “El valor quedó nuevamente por debajo de los costos reales y los pagos no se concretan”, subrayaron desde el sector.
El pasado 2 de octubre, representantes de instituciones médicas, prestadores y transportistas se manifestaron frente a la Casa de Gobierno bonaerense, para denunciar la falta de pago por parte de la obra social. Horas antes de la protesta, IOMA había anunciado la adopción del modelo del nomenclador nacional de discapacidad, a implementarse a partir del 1 de enero de 2026.
“Lo hicieron como estrategia para tratar de desarticular la movilización o generar falsas expectativas, cuando las prestaciones no se van a reactivar de esta manera. Son engaños de la entidad para decir que se soluciona algo y no es así”, sumó Masuzzo.
Sin embargo, denuncian desde el sector, este anuncio esconde una maniobra que termina perjudicando aún más a los prestadores. Según advierten, se aplicarán los valores del nomenclador actual, pero no se actualizarán de manera automática, tal como lo establece la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad, ya que la administración de Axel Kicillof todavía no oficializó su adhesión a dicha normativa. Además, otro punto clave en la definición de los valores será la categorización.
Discapacidad: categorización sin mejoras reales
Otra medida anunciada fue la implementación de un sistema de categorización institucional, similar al nacional, que dividirá a los prestadores en categorías A, B y C, en función de criterios vinculados con la calidad y la capacidad operativa.
Hasta el momento, el Gobierno bonaerense venía pagando un único valor, sin distinción alguna entre instituciones. El nuevo esquema -según lo publicado en su sitio web oficial- se implementaría en base a los criterios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No obstante, muchos prestadores temen que este cambio sea solamente formal y que un gran número de instituciones quede encasillado en la categoría más baja, sin percibir mejoras económicas reales.
“Aceptan que está desordenada el área de discapacidad y por eso van a empezar a categorizar. A la institución que no está categorizada —un importante porcentaje— le van a dar las categorías más bajas y le van a pagar de acuerdo al nomenclador actual, por lo que no van a tener ningún aumento”, explicó Daniel Masuzzo.
Se estima que, con la actualización de valores que impulsa la Ley de Emergencia en Discapacidad, la categoría A -la más alta- podría percibir alrededor de un millón de pesos mensuales por jornada doble. Sin embargo, no está claro cuántas instituciones podrán acceder a ese nivel ni cuáles serán los criterios de evaluación que se aplicarán para determinar la categoría de cada una.
Además, el sistema anunciado por Provincia no contempla las actualizaciones automáticas que establece la ley, por lo que los valores podrían mantenerse congelados e incluso retroceder, como ocurre actualmente en el rubro del transporte, que hoy tiene tarifas por encima de las fijadas por Nación. “Va a quedar un 70 % y un 80 % abajo”, expusieron.
“No va a haber prestaciones por ese motivo. Si yo tengo un centro de día, soy Categoría A y me pagan un millón de pesos, mientras desde PBA me pagan 690 mil pesos. A la persona que tiene IOMA le voy a decir que no, porque no me sirve”, insistieron.
Las deudas de PBA
A este escenario se suma que la obra social bonaerense acumula deudas de más de un año con decenas de prestadores. “No hay profesionales en toda la provincia que quieran atender por IOMA y tampoco hay instituciones que puedan seguir trabajando con la obra social. Algunas instituciones han tenido que cerrar por falta de pago y otras dejaron de trabajar con la obra social de los bonaerenses”, denunció Raúl Woites, uno de los prestadores, durante la última movilización en la capital bonaerense.
Ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno de Axel Kicillof, prestadores, acompañantes terapéuticos y transportistas volverán a movilizarse a la Gobernación bonaerense el próximo viernes 24 de octubre. El reclamo será para exigir el pago de las deudas acumuladas y la adhesión inmediata a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un paso clave para garantizar la continuidad de los servicios y el reconocimiento laboral de quienes trabajan en el área.
Fuente: El editor platense
