Mucho se ha hablado en estos meses sobre el rol de la Justicia resolviendo conflictos en torno a tributos en todo el país: desde tasas municipales hasta impuestos provinciales y nacionales. Los fallos se han centrado en la metodología de cobro, en determinar si cada tributo se corresponde o no con su objeto, y en analizar los límites legales con los que muchos dirigentes políticos suelen jugar.
Pero, siendo realistas, es imposible pedirle a la Justicia que ordene un sistema tributario caótico, donde los Estados nacional, provinciales y municipales meten sus largas manos, una y otra vez, en los bolsillos de los ciudadanos.
El reiterado anuncio de una reforma integral y de simplificación tributaria nunca pasó de ser un eslogan.
Hoy atravesamos un nuevo proceso electoral, que repartirá bancas legislativas en todos los niveles de gobierno. Y son esos poderes legislativos, precisamente, los que tienen la facultad de crear, modificar o eliminar tasas e impuestos.
Es una buena oportunidad para exigir a los candidatos una opinión pública clara sobre estos temas. ¿Van a ser verdaderos representantes de la ciudadanía o seguirán siendo meros delegados de los poderes ejecutivos, habilitando —entre otras cosas— su inagotable creatividad fiscal?
Las tasas y los impuestos han alcanzado niveles descomunales porque han perdido de vista su verdadera función. Sin temor a exagerar, podríamos decir que buena parte de lo que hoy pagamos bajo el nombre de “tributo” no es más que la suma de las ineficiencias de los Estados, trasladadas —una vez más— a los contribuyentes.
Finalmente deberíamos asumir nuestra cuota de responsabilidad y exigir que quienes nos representen dediquen su tiempo a llevar nuestra voz. Porque si votamos a quienes deberían defendernos, pero luego terminamos yendo a la Justicia para que nos proteja de esos mismos representantes que acabamos de elegir, entonces el sistema de representación democrática se habrá vaciado de contenido. Y entraremos en un camino del que será difícil salir.
Fuente: CampoInfo
