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Frente para la Victoria BLOQUE TODOS 2019

Publicado en septiembre 8th, 2020 | por Andrea Pérez

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Proyectos del Frente de todos: tres beneplácitos y un repudio

Pehuajó, 4 de septiembre de 2020

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:

El proyecto de ley provincial de Cooperadoras Escolares con número de presentación D-35/2021, resultante del debate y elaboración de Consejeros y Consejeras escolares, Legisladores y Legisladoras Provinciales, Asociaciones y Federaciones de Cooperadoras, y;

CONSIDERANDO:

Que se encuentra vigente la Ley Nacional de Cooperadoras Escolares N° 26.759, que establece el marco normativo general de las mismas e invita en su Artículo 3° a que las respectivas jurisdicciones dicten normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras.
Que en la jurisdicción provincial el único marco legal que ampara a las cooperadoras escolares es un Decreto-Ley sancionado en 1972 por el interventor Brigadier Moragues, durante la dictadura cívico militar de Lanusse.
Que resulta importante promover la creación y fortalecimiento de las cooperadoras escolares brindándoles una ley elaborada, tratada y sancionada en la Democracia.

Que las cooperadoras escolares son instituciones arraigadas dentro de las comunidades educativas y se sustentan con valores esenciales como lo son la solidaridad, la inclusión la participación democrática y la igualdad.
Que en este marco de fundamentación es necesario amoldar la normativa vigente y generar una ley democrática respetando el procedimiento de sanción de las leyes según lo establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Que el Proyecto de Ley fue elaborado con la participación de las asociaciones y federaciones de cooperadoras escolares en conjunto con el Diputado Juan Miguel Gómez Parodi, Consejeras y Consejeros Escolares y la Dirección de Cooperación Escolar de la D.G.C Y E. y por ello entendemos que cuenta con la legitimidad necesaria y suficiente para ser tratada y aprobada en sesión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.
Que este proyecto de ley tiene una mirada y participación más amplia e inclusiva respecto del Decreto-Ley de la dictadura, incorporando a todos los actores de la Comunidad Educativa, y haciendo foco en la participación comunitaria dentro de las
cooperadoras, también regula varias figuras como ser, las categorías de socios, los bonos, el seguro, la participación en el P.E.I. y en las reuniones de U.E.G.D.

Que es sumamente importante fortalecer la Democracia y entendemos que este Proyecto de Ley contribuye en ese sentido y viene a saldar una deuda con nuestras cooperadoras escolares quienes necesitan más herramientas para colaborar en la ardua tarea que implica la construcción de la Escuela Pública de calidad para todos nuestros niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todos, propone para su tratamiento y posterior aprobación el siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Pehuajó declara el apoyo y beneplácito al Proyecto de Ley Provincial sobre cooperadoras escolares Expte. D-
35/2021.

Artículo 2°: Elevar la presente disposición a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires con el objeto que tomen conocimiento de nuestro apoyo al proyecto legislativo.
Artículo 3°: Enviar copia de la misma a Jefatura Distrital de Pehuajó y a Jefatura Regional de Región Educativa 15 para que se difunda en el ámbito escolar.
Artículo 4°: De forma.

***

Pehuajó, 1 de septiembre de 2020

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:
El Proyecto de Ley de APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA; Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas, presentado por el Bloque de Diputados del Frente de Todos en la Cámara Baja del Poder Legislativo Nacional, y;

CONSIDERANDO:
Que el Proyecto de Ley de APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA; Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas lleva la firma del Diputado Nacional Carlos Salomón Heller; en tanto que aparecen como cofirmantes: Máximo Kirchner, José Luis Gioja, Hugo Yasky, Itaí Hagman, Fernanda Vallejos, Juan Carlos Alderete, Leonardo Grosso, Lucía Corpacci, Ariel Rauschenberger, Gabriela Cerruti, Alicia Aparicio, Elda Pertile, Marcelo Casaretto y Martín Soria.
Que la situación producida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) y sus derivaciones genera la necesidad de adoptar las medidas tendientes a brindar la mejor protección a las personas afectadas, evitando en todo lo posible que se vea restringida la satisfacción de necesidades básicas como la salud y la alimentación.
Que resulta preciso, además, minimizar los impactos negativos en el empleo y en las condiciones productivas de la Nación, apuntando en paralelo a una más rápida recuperación tras la pandemia.
Que el ESTADO NACIONAL debe garantizar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva. Tal como establece el artículo 42º de la Constitución Nacional: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
Que a través del Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió la emergencia pública sanitaria (Ley 27.541) en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19) por el plazo de un año desde la entrada en vigencia de esa medida.
Que mediante el Decreto Nº 297 del 20 de marzo de 2020 se dispuso el“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo, inclusive, del corriente año, para todas las personas que habiten en el país o se encuentren en él en forma temporaria, salvo las excepciones contempladas en su artículo 6° y sus normas complementarias.
Que luego se fue prorrogando la vigencia del Decreto Nº 297/20.
Que por decreto 520 del 7 de junio de 2020, también estableció el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, medidas que se fueron prorrogando posteriormente, con distintas características, hasta el 30 de agosto de 2020.

Que la Nación se encontró, al inicio del actual gobierno, con un estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social según lo establecido en la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. El país encara la actual crisis derivada del Covid-19 con niveles de pobreza y desigualdad alarmantes, que precisan la adopción de medidas acordes al nuevo contexto, con el fin de proteger en mayor medida a los sectores más vulnerables de la población. En cuanto a las dificultades en el plano del empleo y la producción, se carga con una fragilidad de base, producto de todo un conjunto de políticas adversas implementadas durante los cuatro años de la gestión anterior, que dañaron severamente a las MiPyMEs. También se arrastran carencias importantes en el sistema sanitario, que podrían limitar la posibilidad para dar respuestas acordes a la evolución de los contagios.
Que el Gobierno Nacional ha estado implementando distintas iniciativas que apuntan a garantizar la salud de la población, el ingreso de los hogares y la preservación del empleo. Todas estas decisiones requieren el uso de recursos fiscales adicionales, partiendo de una situación inicial de insostenibilidad de las cuentas públicas. Entre 2015 y 2019, los ingresos tributarios de la Nación disminuyeron 2,1 puntos porcentuales (p.p.) del PIB, en parte como consecuencia de la decisión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva. Por su parte, el gasto primario retrocedió 5,4 p.p. entre 2015 y 2019, con un fuerte ajuste de partidas que son críticas para la salud de la economía y el bienestar de las familias. Los intereses de la deuda, en tanto, aumentaron 2 p.p. del PIB.
Que el Gobierno Nacional ha instrumentado una serie de políticas destinadas a proteger a las familias, la producción y el empleo, así como a asistir a las administraciones de las provincias. Dentro de las limitaciones de recursos que existen, el esfuerzo fiscal ha sido importante y tiene su correlato en el incremento del déficit primario. Entre marzo y junio, el gasto primario aumentó 83,3% en términos interanuales, mostrando una aceleración fuerte con relación al primer bimestre. Mientras tanto, los ingresos totales sólo crecieron el 19,3%. No obstante, dado que no hay señales claras sobre el momento y la forma salida de la actual pandemia, es de prever una mayor necesidad de recursos por parte del Estado.

Que las naciones consideradas desarrolladas están volcando grandes cantidades de recursos en la economía y la salud para enfrentar los efectos de la pandemia. Estados Unidos implementó un paquete fiscal de unos 3 billones de dólares, lo que representa unos 14 puntos de su PBI. Las economías del Grupo de los Veinte (G-20) siguen evidenciando la mayor parte del apoyo fiscal mundial: las medidas presupuestarias adoptadas por estas economías ascienden ahora al 6% del PBI en promedio, en comparación con apenas el 3% del PIB en abril, y se ubican en un nivel mucho más alto que el observado en respuesta a la crisis financiera mundial de 2008–10. Las diferencias y los alcances de las medidas tienen que ver con las realidades de cada país y con los recursos con que se dispone. A menor grado de desarrollo relativo y autonomía se reducen las disponibilidades para llevar a cabo las diversas políticas.
Que en los países en desarrollo la problemática es mucho más compleja, por las propias limitaciones presupuestarias y por la imposibilidad de emitir moneda convertible internacionalmente. Incluso en los casos donde hay mercados financieros más desarrollados y es posible efectuar nuevas emisiones de deuda, no deben descartarse los impactos sobre las futuras generaciones. La regresividad de la estructura impositiva y la desregulación económica colaboran para que existan Estados con recursos escasos y con poca capacidad de reacción ante eventualidades no previstas.
Que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, resaltó “las medidas excepcionales adoptadas por muchos países”, y afirmó que “los países de mercados emergentes y en desarrollo serán los más afectados (…), y necesitarán más apoyo durante un período más prolongado”. En particular, sin el apoyo a las empresas, en el grupo de países del G20 las quiebras de PyMEs se podrían triplicar, desde un promedio del 4% antes de la pandemia hasta un 12% en 2020.
Que la CEPAL prevé una caída del PIB del 9,1% en 2020, que llevará a que el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea parecido al observado una década atrás. Constituye un inédito retroceso en los niveles de ingreso por habitante. Según lo expresado por organismos de Naciones Unidas, como la propia CEPAL y la FAO “la recesión económica mundial aumentará la pobreza y el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles (…). La población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020 (…). La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”. En este marco, es preciso “garantizar el acceso universal al testeo Covid-19 y al cuidado médico, a mantener el acceso universal a servicios básicos (agua, energía, teléfono e internet), alimentos y medicamentos, a apoyar el consumo de amplios estratos de la población que son muy vulnerables a caer en la pobreza, a garantizar transferencias monetarias temporales y lo más universales posible para satisfacer necesidades básicas, y a proteger el empleo formal, ya que el rol de la seguridad social es clave en este momento”.
Que los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria se han visto severamente afectados por la caída de la actividad y es preciso, mientras se corrigen los problemas estructurales, adoptar medidas de emergencia. Tal como señaló la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, “una situación excepcional requiere respuestas excepcionales”.
Que similares consideraciones sobre la excepcionalidad del actual momento fueron realizadas por Organismos de Crédito Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Incluso el personal técnico del FMI afirmó en la Serie especial sobre políticas fiscales en respuesta al Covid-19, que “para asegurar la recaudación y fomentar la solidaridad hay que considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de “sobretasa solidaria”.
Que en Europa, en ocasión de la aprobación del gran paquete para enfrentar la pandemia, por unos 750 mil millones de euros en tres años, así como del Presupuesto
Plurianual hasta 2027, se incluyó un apartado sobre modificaciones impositivas. En una
primera etapa “se instaurará un nuevo recurso propio basado en los residuos plásticos no reciclados (a partir del 1 de enero de 2021)”. También se presentarán propuestas para establecer un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y un tributo digital, que servirán de base para recursos propios adicionales, a ser instaurados a más tardar el 1 de enero de 2023. Por último, se trabajará para obtener otras fuentes, “entre las que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras”.
Que estos planteos que se están dando en economías que parten de posiciones fiscales mucho más holgadas que las que existen en países como Argentina.

Que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, integrada entre otros por Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y José Antonio Ocampo, solicitó la introducción de gravámenes progresivos sobre los servicios digitales y sobre los beneficios empresariales; que las empresas que operan en paraísos fiscales para pagar menos tributos renuncien a recibir fondos públicos; gravar la riqueza off-shore, entre otras medidas tributarias.
Que desde cierta parte de la prensa internacional más vinculada a las finanzas también se abordan estos temas. El Financial Times afirma que en nuestra región “la crisis del coronavirus cambió el clima político (…). Colocó los gravámenes a las fortunas personales en la agenda de al menos ocho países latinoamericanos y creó un mayor consenso de que quizás éste sea el momento de que las élites privilegiadas se pongan al hombro una mayor porción de la carga financiera que significa ayudar a sus conciudadanos”. También se muestra cómo, con relación a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en América Latina y el Caribe hay “menos impuestos y mayor desigualdad”.
Que la crisis no afecta a todos y todas por igual. Mientras que los segmentos mayoritarios son los más vulnerables a los efectos de la pandemia, los de mayores ingresos están mucho menos expuestos.
Que la Confederación Internacional Contra la Pobreza OXFAM estima que “si se aplicara un tributo extraordinario a las grandes fortunas, con carácter progresivo, entre el 2 % y el 3,5 % en cada país, sobre los patrimonios por encima de US$ 1 millón, se podría recaudar hasta US$ 14. 260 millones (…)”. Este monto está aún por debajo de lo que ha ganado la élite de los súper millonarios de América Latina y el Caribe desde mediados de marzo (US$ 48.200 millones). También menciona que la crisis no puede ser una ocasión para obtener ganancias extraordinarias, y plantea la creación de “un impuesto a los resultados extraordinarios de grandes corporaciones mientras dure la pandemia”, aplicable a la parte que resulte superior al promedio de los cuatro ejercicios anteriores. Existen precedentes de tributos de este tipo en países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá en períodos de guerra: ello contribuyó enormemente a generar recursos necesarios para la reconstrucción del país. Como señala OXFAM, “es indiscutible es que la urgencia por contar con mecanismos públicos que contribuyan a la reactivación económica y protejan el empleo, así como a las personas más vulnerables, requiere romper con los tabús tributarios y los dogmas económicos del pasado”.
Que entre los mecanismos que OXFAM plantea para gravar los patrimonios incluye dos opciones: “1) un mecanismo impositivo de urgencia y solidaridad aplicable durante varios años o por una sola vez; o 2) una reforma tributaria integral urgente que incorpore también un impuesto a las grandes fortunas”.
Que es en este marco que se presenta el Proyecto de APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA; Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas, partiendo del hecho de que se está frente a un problema que no puede ser resuelto por el mercado, y que el Estado debe contar con más recursos para atender las necesidades del actual escenario y sus derivaciones a futuro. Conociendo la existencia de estructuras tributarias regresivas y de guaridas fiscales, que han acrecentado la desigualdad distributiva a través de la transferencia de riqueza hacia las mayores fortunas, al ir reduciendo las alícuotas de los gravámenes patrimoniales y desviando las ganancias hacia lugares de menor tributación relativa. Y si bien estos rasgos deben ser discutidos en el marco de un debate más profundo sobre la temática tributaria, la emergencia adelanta algunos tiempos y lleva a la necesidad de contar con una serie de herramientas urgentes desde la perspectiva solidaria en materia de gastos y de financiamiento.
Que es en función de lo anteriormente dicho que el Proyecto de APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA; Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas, establece:

 Crear un aporte extraordinario y excepcional para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus impactos laborales, productivos y sociales, con el producido del mismo, que se orienta exclusivamente a los grandes patrimonios de las personas humanas, como un aporte directo en los términos previstos en esta Ley.
 Siendo sus objetivos primordiales la equidad y solidaridad, se apunta a las manifestaciones de altísima capacidad contributiva, vinculada a los grandes patrimonios. Por ello se establece este aporte extraordinario y excepcional siguiendo la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, por única vez, en estas horas dramáticas que exigen al Estado la utilización de vastísimos recursos para enfrentar los costos sanitarios y económicos que impone la pandemia del COVID-19.
 A los fines de enervar el efecto noticia del aporte extraordinario, que fuera puesto en debate públicamente en los medios de comunicación, sus efectos se aplicarán a los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019.
Durante el transcurso de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no sólo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento, tarea que se ha ido realizando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19 y mejorar las condiciones de recuperación posteriores. Es para ayudar a solventar las necesidades financieras derivadas del enfoque recién expresado, que se indica la distribución de los fondos recaudados por este aporte extraordinario.
 Un 20% de los fondos se destinará a la provisión de insumos y medicamentos para combatir la pandemia, que aceleró la curva de contagios a partir de junio de 2020, demandando mayor utilización de camas de internación y de unidades de terapia intensiva, e insumos, como así también los recursos necesarios para las actividades preventivas.
 Otro porcentaje similar se aplicará a subsidios a las MiPyMEs, un vasto sector productivo que está sufriendo un efecto de pinzas. Por un lado, los problemas que vienen arrastrando de la crisis que se intensificó a partir de mediados de 2018, por la cual una gran cantidad de empresarios MiPyMEs llegaron al 2020 con grandes problemas productivos, financieros, y fiscales, muchos de los cuales se comenzaron a solucionar a partir de la ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Por otro lado, los fuertes efectos de la pandemia sobre la actividad de las MiPyMEs, que han requerido la ayuda del Gobierno Nacional a partir de una serie de políticas para sostener a las mismas y al empleo por ellas generadas, y del Banco Central con créditos a tasas subsidiadas, entre otras medidas de fomento.
 Se destinará también un porcentaje idéntico de lo recaudado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. Que cada argentina y argentino pueda sumarse al mundo del trabajo y elegir su proyecto de vida ha sido una de las prioridades del gobierno del presidente Alberto Fernández. En este concepto, entre otras acciones, se han mejorado las Becas Progresar y se han potenciado con más y mayores beneficios, lo cual exige mayores recursos. El objetivo del Progresar es acompañar a los y las jóvenes para que terminen sus estudios primarios y secundarios, continúen en la educación superior o se formen profesionalmente para ayudarlos en su desarrollo personal, incluyendo laboralmente a quienes hasta hoy no podían hacerlo. El Progresar también busca promover la opción de becas específicas para las carreras prioritarias y estratégicas que cada comunidad necesita, de forma de impulsar el desarrollo de áreas prioritarias que ayuden al
desarrollo del país.
 Un 15% de lo que se recaude se orientará a los habitantes de los barrios populares, que han sido también afectados por esta aceleración de los contagios, debido en gran medida a las condiciones de hacinamiento, estructuras sanitarias deficientes y otros problemas. Por ello, a través de la identificación del Renabap, la asignación de los fondos de esta Ley podrán contribuir a la integración socio urbana, con un conjunto de
acciones para mejorar y ampliar: el equipamiento social y de la infraestructura; el acceso a los servicios; el tratamiento de los espacios libres y públicos; la accesibilidad y conectividad; el saneamiento y mitigación ambiental; el fortalecimiento de las actividades económicas familiares; y la regularización del estado de dominio de los terrenos y viviendas, entre otras acciones.
 También se propone asignar el 25% restante de los fondos a recaudarse a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina S.A. (ex Enarsa) conjuntamente con YPF S.A. en forma exclusiva, y con la obligación de reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años.
Esta asignación se establece teniendo en cuenta la tendencia de reducción de inyección de gas natural registrada, lo que requiere la realización de inversiones en desarrollos de gas que contribuyan al logro del autoabastecimiento en el corto, mediano y largo plazo. Cabe señalar que a partir del precio promedio de los últimos cinco años del Gas Natural
Licuado importado por Integración Energética Argentina S.A., se advierte que si los fondos necesarios para atender el costo de las importaciones de gas natural licuado y su regasificación en el sistema se destinaran a inversiones en desarrollos de gas natural en el territorio de la República Argentina, con la misma cantidad de fondos aplicados se
obtendrían casi 8 (ocho) veces más gas natural en el sistema, con el beneficio consecuente para la balanza de pagos y para la dinamización de la economía argentina, con motivo del aumento de la generación de trabajo local atribuible a estas inversiones y el aumento en la recaudación de tributos provinciales y nacionales.
Que la idea que inspira a este aporte extraordinario es alcanzar exclusivamente a las personas humanas de elevado nivel patrimonial. De hecho, sólo están incluidos quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2.00%, y con alícuotas incrementales a partir de los 300 millones de pesos. En el caso de los bienes en el exterior, las alícuotas se incrementan en un 50%, siguiendo los lineamientos y la política legislativa trazada en diciembre de 2019 con el dictado de la Ley 27.541.
Que son cerca de 12.000 personas. Aproximadamente la mitad de las personas humanas alcanzadas por este aporte extraordinario pertenecen a los dos primeros tramos, de entre 200 a 400 millones de pesos. Aquellos que están alcanzados con la mayor alícuota son menos de 400 personas humanas, aproximadamente.
Que en cuanto a las alícuotas sobre las tenencias en el exterior, en principio tributarán un porcentaje mayor. Pero en el mismo Proyecto de Ley se contempla la posibilidad de que se reduzcan hasta el mismo nivel que rige para los bienes en el país, siempre y cuando se repatríe al menos el 30% de las tenencias financieras en el exterior

Artículo 3°: Envíese copia al Poder Ejecutivo Nacional, para su conocimiento.
Artículo 4°: Envíese copia a la Legislatura Bonaerense para su conocimiento.
Artículo 5°: Envíese copia a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires, invitándolos a manifestarse en igual sentido.
Artículo 6°: De forma.

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Pehuajó, 1 de septiembre de 2020

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:
La reestructuración del 99% de la deuda del país en bonos bajo ley extranjera, y;

CONSIDERANDO:
Que el 93,5% de los bonistas de la deuda de nuestro país, surgida casi en su totalidad durante el período presidencial de Mauricio Macri, aceptó la oferta hecha por el Gobierno Nacional, lo que permite reestructurar el 99% de lo adeudado en bonos bajo ley extranjera.
Que Argentina tendrá un alivio de la deuda en la próxima década de U$S 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%; esto permitirá, además, tener un alivio mayor en los primeros 5 a 10 años, lo que da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido.
Que esta negociación, ideada y encabezada por el Ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán, comenzó en diciembre del año pasado, y en el transcurso de nueve meses ha tenido un resultado sumamente exitoso para el país.

Que si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que hubiese tenido para las políticas públicas hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo. Implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante 2018 y 2019.
Que esta reestructuración se logró en medio de una pandemia que asola al mundo, y que generó que en nuestro país, por ejemplo, el Estado debiera ayudar a más de 9 millones de personas con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y sostener a empresas pagando 2,5 millones de salarios con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández señaló que “ahora la Argentina puede pensar en su futuro y en cómo construirse. Hoy tenemos la tranquilidad de no haber traicionada la confianza de los argentinos. Hicimos las cosas como pensábamos hacerlas. Esta vez la deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que peor están, los que más lo necesitan”.
Que el primer mandatario también trazó una línea de acción a seguir, mirando hacia el futuro: “Empecemos a construir una Argentina que sea sostenible. Ser sostenible no es solamente que podamos pagar las deudas que asumimos. Un país es sostenible cuando todos tienen posibilidad de crecer en el lugar en el que nacen. En ese momento seremos un país sostenible. Nos queda mucho para llegar a eso. Pero hace falta asumir la responsabilidad de no volver a entrar nunca más al laberinto de la deuda”.
Que no se puede soslayar el apoyo a la posición de nuestro país de referentes internacionales, que fuera destacado por el Presidente Alberto Fernández; entre dichos líderes se pueden señalar a Emmanuel Macron –Presidente de Francia-, a Andrés Manuel López Obrador –Presidente de México, y sobre todo al Papa Francisco.
Que es también insoslayable que esta reestructuración no ha sido una concesión de los acreedores, sino una consecuencia la presión de países deudores, a través de lo que se denomina Cláusula de Acción Colectiva (CAC), consistente en definir un porcentaje de aceptación de la oferta de canje de deuda en cesación de pagos a partir del cual todos los bonos ingresan en la operación, sin importar que una porción no se hubiera sumado inicialmente.

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todos propone para su tratamiento y posterior aprobación, el siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de Pehuajó manifiesta su absoluto beneplácito a la reestructuración del 99% de la deuda del país en bonos bajo ley extranjera, logrado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, fundamentalmente a través del accionar del Ministro de Economía Martín Guzmán.
Artículo 2°: Envíese copia al Ministerio de Economía de la Nación, para su conocimiento.
Artículo 3°: Envíese copia a los Honorables Concejos Deliberantes de distritos de la Provincia de Buenos Aires, invitándolos a manifestarse en igual sentido.
Artículo 4°: De forma.

***

Pehuajó, 3 de septiembre de 2020

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

VISTO:
Las cobardes y repudiables amenazas de muerte recibidas por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Dr. Sergio Tomás Massa y su familia, y;

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la Cámara de Diputados y su familia, fueron amenazaron de muerte con cientos de mensajes anónimos a sus celulares, luego que en forma canallesca se diera a conocer en las redes sociales sus números de teléfonos particulares.

Que el hostigamiento y las amenazas de muerte no solo fueron dirigidas al teléfono de Sergio Massa, sino que también al de su señora esposa, Malena Galmarini.

Que en las amenazas se utilizaron imágenes de los hijos de la familia Massa – Galmarini, recordando esto los métodos utilizados por las de las mafia.

Que lo sucedido se denunció en la fiscalía de Tigre de Rincón de Milberg.

Que sólo en el celular del Presidente de la Cámara de Diputados hay registradas más de 460 amenazas.

Que es inadmisible este tipo de episodio en democracia.

Que lo sucedido atenta directamente contra la república.

Que los valores democráticos demandan una urgente investigación para dar con los y las responsables de las amenazas.

Que lo sucedido amerita un repudio de todo el arco político.

Que es estos tipos de sucesos nos remontan a tiempos que creemos superados como sociedad.

Que no hay pluralismo de idea cuando grupos reaccionarios intentan amedrentar al presidente de uno de los tres poderes del estado.

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales y Concejalas del Frente de Todos propone para su tratamiento y posterior aprobación, el siguiente Proyecto de:

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1°: Dirigirse al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Tomás Massa para solidarizamos por las amenazas de muerte recibidas tanto él como su familia, de parte de sectores antidemocráticos y antirepublicanos.

ARTÍCULO 2°: Dirigirse a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos; Marcela Losardo para manifestar el deseo del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, que se investiguen las amenazas recibidas por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Tomás Massa y su familia y así dar con los responsables de tan aberrantes hechos y que se investigue también quien o quienes dieron a conocer en las redes sociales los teléfonos particulares del Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Tomás Massa y el de su señora esposa, Malena Galmariní utilizando en la viralización imágenes de sus hijos, siendo eso un mensaje cuasi mafioso.

ARTÍCULO 3°: Dirigirse a todos los Presidentes y presidentas de bloques legislativos tanto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación como también del Senado Nacional para solicitar un repudio de ambas cámaras nacionales a las amenazas recibidas por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Tomás Massa y su familia.

ARTÍCULO 4°: Enviar copia con el visto, los considerandos y articulados de la presente resolución a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5°: De forma.




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