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Cambiemos BLOQUE CAMBIEMOS 2017-2019

Publicado en julio 11th, 2019 | por jose rodolfo

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Nuevo proyecto de Cambiemos: Deudores alimentarios

Pehuajó, 11 de junio de 2019

 

VISTO:

Las facultades originarias de los Arts. 24º y 25º del Decreto Ley Nº 6769 /58 y sus modificatorias, Ley Orgánica de las Municipalidades; y,

 

CONSIDERANDO:

Que en las familias quienes mayormente sufren el impacto económico son los niños.

 

Que los niños poseen derechos específicos, y requieren de a atención de la sociedad en su conjunto, consagrados en el inc. 22 del Art. 75º de la Constitución Nacional que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 .-

 

Que debe existir un mayor compromiso de la política en la prevención y tratamiento del desentendimiento de los obligados a asistir al más necesitado.

 

Que algunos autores, en el intento de ampliar al análisis del maltrato infantil, incluyen en la definición del mismo a la negligencia de los mayores a cuyo cargo deben estar los niños en lo que respecta a la alimentación, la salud y la protección , considerando que toda conducta omisiva en este aspecto como abandono físico y emocional .-

 

Que la OMS (Organización Mundial de la Salud) define como maltrato infantil  “como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.”

 

Que según lo establecido en el Art. 18º  de la Convención sobre los derechos del Niño, establece que:

1- Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

 

2- A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

 

3- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

 

Que existe responsabilidad del Estado de salvaguardar estos derechos consagrados por los tratados, convenciones, declaraciones y pactos internacionales razón por la cual aquél, debe generar mecanismos de control adecuados para impedir esta forma de abandono que es el cumplimiento por parte de los padres y las madres del deber alimentario respecto de sus hijos.-

 

Que todo el articulado de la Constitución de la Nación Argentina, más los once Tratados Internacionales de Derechos Humanos citados por el inc. 22º del Art. 75º, obligan al Estado a  respetar los derechos protegidos, garantizar el goce de esos derechos a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y adoptar las medidas necesarias para hacerlos

ejecutivos.-

 

Que el carácter asistencial atribuido por nuestro Código Civil a los alimentos adquiere su expresión máxima cuando se trata de la obligación alimentaria de los padres y las madres hacia los hijos menores e incapacitados.-

 

Que el inc. 2º del Art. 36º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires consagra como derecho social de la niñez: “todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos: .-

 

Que, el articulo 5, 6 y 7 de la ley 13074 establece: ARTICULO 5°: Las instituciones y organismos públicos oficiales, provinciales o municipales,  no darán curso a los siguientes trámites o solicitudes sin el informe correspondientes de la R.D.A. con el “libre deuda registrada”. A) solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine; b) Habilitaciones para la apertura de  comercios y/o industrias; y c) Concesiones, permisos y/o licitaciones –Para el supuesto de solicitud o renovaciónn de créditos se exigirá el informe y será obligación de la Institución bancaria otorgante depositar lo adeudado a la orden del juzgado interviniente. La solicitud de la licencia de conductor o su renovación se otorgará provisoriamente por cuarenta y cinco (45) días, con la obligación de regularizar su situación dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.

ARTICULO 6°: El “libre de deuda registrada” se exigirá a los proveedores de todos los organismos oficiales, provinciales, municipales o descentralizados.

ARTICULO 7°: En cualquiera de los casos indicados en los precedentes artículos 5° y 6°, si se tratare de personas jurídicas, se exigirá el certificado del R.D.A. a sus directivos y responsables.

 

Por todo lo expuesto el Bloque de Concejales de Cambiemos propone para su tratamiento y aprobación el siguiente Proyecto de:

 

ORDENANZA  

 

Artículo 1º: El Poder Ejecutivo y Legislativo  no podrán designar como funcionarios / as a quienes se encuentren inscriptos en el Registro del Ministerio de Justicia a través de la pagina https://www.gba.gob.ar/justicia/deudores_alimentarios como deudores alimentarios, establecidos por ley provincial 13074

 

Artículo 2º: Antes de tomar la decisión respectiva se solicitará al Registro la certificación pertinente a efectos de constatar que las personas de referencia no se encuentren inscriptas como deudores morosos.-

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo por la vía reglamentaria, determinará la Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza.-

 

Artículo 4º: De forma.-

 




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